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Los gerentes, directivos o representantes de las casas de empeño instaladas en el estado que no cumplan con la obligación de rendir reportes mensuales a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) serán castigados con uno a seis años de prisión y multas de hasta 500 días de salario mínimo.
Además de esta disposición, el decreto aprobado por la LXIII Legislatura del Estado durante su Séptima Sesión Ordinaria prevé que el Ministerio Público ordene la verificación, el peritaje y aseguramiento de bienes, instrumentos y objetos, producto de presuntas acciones delictivas.
El dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales contempla que las prendas a disposición de las casas de empeño sean objeto de estos procedimientos, si hay indicios de que provienen de la comisión de delitos, y podrán quedar en poder de la casa de empeño, en calidad de depósito.
La modificación, propuesta por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y aprobada por el Pleno, adiciona el artículo 334 bis al Código Penal del Estado, el artículo 195 bis al Código número 590 de Procedimientos Penales y un tercer párrafo al artículo 209 del Código 574 de Procedimientos Penales.
INTEGRARÁN CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA
El Pleno legislativo aprobó también integrar el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que se conformará por siete consejeros ciudadanos y los titulares de las secretarías de Gobierno (Segob) y de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), los alcaldes de Xalapa y Veracruz, el presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública del Congreso del Estado y un Secretario Ejecutivo.
Los consejeros ciudadanos serán elegidos por el Gobernador entre los integrantes de asociaciones civiles, agrupaciones profesionales, organismos no gubernamentales y empresariales e instituciones de educación superior.
Aprobada por mayoría de votos, la reforma de los artículos 124 y 125 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública establece que la instancia colegiada de consulta impulsará las acciones necesarias en materia de seguridad pública, prevención social del delito y participación ciudadana.
El diputado Fidel Robles Guadarrama propuso modificar la propuesta para que el Congreso local elija a los siete ciudadanos integrantes, y que los consejeros gubernamentales sólo tengan voz en las reuniones.
Por su parte, el legislador Julen Rementería del Puerto pidió que en la conformación del organismo se incluya a alcaldes del norte y del sur del estado, para que toda la entidad esté representada.
Finalmente, el presidente de la comisión permanente de Seguridad Pública, José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, aseguró que, sin importar quién los elija, cada uno de los miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública defenderá los intereses de los veracruzanos, de manera responsable y consciente.
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