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José Raúl Mulino juramentó el lunes como presidente de Panamá para los próximos cinco años decidido a detener la incesante migración irregular por la jungla del Darién con ayuda de Estados Unidos.

“Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales”, señaló Mulino tras juramentar al cargo en un acto en el Centro de Convenciones Atlapa sobre la bahía del Pacífico en la capital panameña. Recibió la banda presidencial de parte de la nueva presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, ante varios líderes de la región invitados.

Mulino, un abogado y exministro de Seguridad de 65 años, tenía previsto como uno de los primeros actos de su gobierno la suscripción de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos con el fin de iniciar el cierre de la frontera a la migración desde Sudamérica que se dirige al país norteamericano.

El nuevo líder panameño considera que ese flujo migratorio, que lleva más de una década pero que se ha disparado en los últimos años, es una crisis humanitaria “intolerable” que impacta el medioambiente y la economía de Panamá y genera graves violaciones a los derechos humanos de los que migran, muchos de ellos mujeres y niños.

Más de medio millón utilizaron el año pasado esa ruta, en su mayoría venezolanos —a los que siguieron ecuatorianos, colombianos y chinos—. Más de 190.000 lo han hecho en lo que va de 2024.

El acuerdo con Estados Unidos, cuyo tema migratorio toma mayor relevancia de cara a los comicios de noviembre, apunta a que el país norteamericano ayude a costear vuelos desde Panamá para repatriar a los migrantes que cruzan el Darién sin documentos.

El canciller designado Javier Martínez Acha señaló el domingo que en efecto Estados Unidos cooperará en el esfuerzo de Panamá, pero señaló que no se establecieron los montos económicos para poner en vigor ese proceso. Esto lo dijo al término de una reunión de Mulino con el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas, quien asiste a la toma de posesión.

El plan también implica el cierre de las trochas o caminos que utilizan los migrantes en su tránsito a pie por la selva.

“Como tema clave en su agenda, Mulino ha prometido poner fin a la migración irregular por el Tapón del Darién”, indicó Michael Shifter, profesor adjunto en la Universidad de Georgetown, en Washington. “El nuevo presidente parece sumamente comprometido con esta idea”.

“Sin embargo, no será fácil ejecutar esta política, se puede esperar grupos e intereses en contra”, afirmó. “Un asunto importante es el papel de Estados Unidos en tal esfuerzo”.

“Los Estados Unidos deberían asumir los costos por los vuelos de deportación”, agregó Shifter. Mulino se refiere más a un proceso de “repatriación”.

En el acto de toma de posesión participaron, entre otros líderes de la región, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y el costarricense, Rodrigo Chaves, países con los que el gobierno de Mulino tendrá que trabajar en conjunto para frenar la crisis migratoria.

Mulino y Petro se reunieron antes del acto de toma de posesión y acordaron celebrar un encuentro con Estados Unidos para abordar la crisis migratoria, dijo la oficina de prensa del presidente electo. No se precisó la fecha. El mandatario colombiano indicó, según ese reporte, que si se frena la migración venezolana el problema sería mínimo.

Abogado especializado en derecho marítimo por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Mulino se impuso en las elecciones del 5 de mayo con más del 30% de los votos impulsado por el partido Realizando Metas del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien no pudo buscar un segundo mandato debido a que fue inhabilitado por el Tribunal Electoral tras confirmarse una condena en su contra por lavado de dinero. Martinelli está asilado en la embajada de Nicaragua desde inicios de febrero.

Mulino corrió sin candidato a la vicepresidencia, un hecho inédito, por lo que esa figura política estuvo ausente en el acto de juramentación el lunes.

A Mulino le esperan otros grandes desafíos, como impulsar prontamente una solución a la crisis de agua que compromete la futura operación del canal interoceánico y culminar el cierre de una mina de cobre que generó las mayores protestas en décadas en Panamá y cuyo cese de operación a fines del año pasado, además de impactar una economía que se contraería en 2024, dejó expuesto al país a demandas arbitrales cuantiosas. “Hay mucha incertidumbre alrededor” de esos temas, apuntó Shifter.

Al respecto, Mulino dijo que “las finanzas son preocupantes: en cinco años doblaron las deudas, en funcionamiento en vez de invertir en obras”. Se estima que la deuda actual del país centroamericano es de casi 50.000 millones de dólares.

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Poco más de un año después de descubrir que había sido robado tras su nacimiento, el marino chileno-estadounidense Jimmy Lippert Thyden González demandó el lunes al Estado chileno por el presunto delito de sustracción de menores que se extendió “por décadas” e impactó a miles de familias en el país sudamericano.

El año pasado a sus 42 años Thyden González conoció sus orígenes, que se remontan a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) durante la que a miles de mujeres chilenas les habrían robado sus bebés recién nacidos para ser dados en adopciones ilegales.

De acuerdo con datos a los que The Associated Press tuvo acceso, el Poder Judicial de Chile cifra en aproximadamente 20.000 los casos de adopciones forzadas o ilegales, mientras que organizaciones de la sociedad civil como Nos Buscamos calculan que son más de 50.000 las familias afectadas.

“Ante todo queremos empezar por reconocerlo. Que el gobierno reconozca que esto sucedió, que se cometió un error. Y a partir de ahí podemos empezar a pensar en cómo deben ser las reparaciones”, dijo Thyden González, quien adoptó el apellido de su madre biológica el año pasado, en una entrevista con AP en Santiago.

Hace 43 años los trabajadores de un hospital de la capital chilena tomaron al hijo de María Angélica González de sus brazos inmediatamente después de que nació. Más tarde le dijeron que había muerto y que ya se habían hecho cargo de su cuerpo.

Pero en realidad el bebé fue dado en adopción a una familia de Estados Unidos, un caso enmarcado en una sombría trama de adopciones ilegales que, aunque no sean exclusivas de ese periodo, proliferaron bajo el régimen militar de Pinochet.

Aunque no es la primera la querella presentada por Thyden González ante el Tribunal de Apelaciones de Santiago llega en un momento que podría suponer un giro en las pesquisas sobre estas adopciones ocurridas décadas atrás. Ello porque el mismo lunes el magistrado Guillermo de la Barra asumió las riendas de la investigación judicial sobre la sustracción de menores.

Si bien hay otras demandas en curso, el abogado Ciro Colombara, penalista especialista en casos de derechos humanos que involucran al Estado y abogado al frente de la querella, explicó que las anteriores fueron acciones penales dirigidas a situaciones puntuales, mientras que la denuncia de Thyden González tiene una estrategia global ya que denuncia una “situación sistémica que duró décadas”.

“Aparte de las responsabilidades individuales, nos interesa determinar la responsabilidad del Estado de Chile”, entonces “ésta será una discusión tanto en los tribunales locales, tribunales nacionales, como los tribunales eventualmente de derechos humanos a nivel internacional”, señaló Colombara.

Preguntado por AP, el gobierno afirmó haber tomado conocimiento de la querella pero no quiso hacer comentarios adicionales.

La investigación judicial en Chile inició en 2017 y, al día de hoy, tramitan en la Corte de Apelaciones de Santiago más de 1.200 denuncias de robos de bebés y adopciones ilegales, la mayoría en Estados Unidos y Suecia, indicaron a AP fuentes del Ministerio de Justicia.

Hasta ahora nadie ha sido condenado.

El tráfico de niños en Chile coincidió con muchas otras violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante los 17 años de dictadura Pinochet, quien el 11 de septiembre de 1973 encabezó un golpe de Estado para derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Durante el régimen de facto al menos 3.095 personas fueron asesinadas, según cifras del gobierno, y decenas de miles más fueron torturadas o encarceladas por motivos políticos.

En 2017 el entonces magistrado Mario Carroza puso en marcha la investigación judicial sobre el robo y venta de bebés, aunque desde entonces no hubo avances. Sin embargo, tras la llegada del izquierdista Gabriel Boric al poder en 2022 el caso ganó impulso en medio de los compromisos del mandatario en avanzar e intensificar los esfuerzos para esclarecer las circunstancias de esas adopciones.

El asunto marcó el reciente encuentro de Boric y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, quienes sellaron un acuerdo de cooperación para “avanzar en compartir la información y además iniciar un trabajo conjunto para abordar el tema de adopciones irregulares” durante una gira del mandatario chileno por Europa.

Con el pacto, firmado por los cancilleres de ambas naciones, se admite por primera vez la intervención estatal en los delitos, ya que el documento establece que “quienes suscriben, reconocen que se cometieron adopciones irregulares, que tuvieron graves consecuencias en las vidas y los derechos humanos de las víctimas y sus familias, en especial, en el derecho de identidad”.