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MC presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición para que se revise la reforma en materia de la Guardia Nacional (GN) y ordene medidas que frenen la militarización de México, ante la declaratoria constitucional de la reforma en materia de la Guardia Nacional, anunció la diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla.
Además, dijo que solicitarán que recomiende medidas urgentes al Estado mexicano para frenar el avance de la militarización, pues la seguridad pública y la vida civil deben mantenerse en manos de los civiles, no de las fuerzas armadas.
En rueda de prensa, recordó que la coordinadora de MC, la diputada Ivonne Ortega Pacheco, informó con anticipación que la bancada no asistiría a la sesión de la declaratoria constitucional de dicha reforma, para “seguir profundizando la estrategia fallida de seguridad que ha aumentado las muertes y los desaparecidos en este país a través de la militarización de la seguridad pública”.
La también secretaria de la Mesa Directiva afirmó que con la reforma en materia de la Guardia Nacional se ha militarizado la Constitución Política, ya que la política de seguridad de este gobierno, así como de sus predecesores, ha fracasado rotundamente.
“Desde 2016 hemos sido claros como Movimiento Ciudadano en nuestra oposición a la militarización del país. Nos negamos a ser parte de un acto que perpetuó esta estrategia fallida de seguridad, una estrategia que solo ha traído más violencia, más homicidios y más inseguridad en México”, indicó.
La diputada argumentó que desde hace 14 años, cuando se inició este proceso de militarización, en los últimos sexenios aumentaron en más de un 300 por ciento los asesinatos en México, producto de esta violencia, y han aumentado nada más en el “obradorato” el 36 por ciento de las desapariciones.
Recordó que desde 2006, con sexenios del PAN y PRI y ahora con Morena la estrategia ha sido la misma y ha dado estos malos resultados.
Señaló que Morena prometió ponerle fin a la guerra y a la militarización, pero en seis años lo único que ha hecho es profundizarla y con esta reforma la suma.
“No seremos cómplices de un gobierno que traiciona su palabra y apuesta por una solución que ha demostrado ser ineficaz y ha llevado a un profundo sufrimiento a la población. Nos negamos a legitimar con nuestra presencia en esta sesión el abuso de una mayoría legislativa y legal, que ciegamente sigue las órdenes del Poder Ejecutivo, una que hizo lo mismo hace unos días para tomar el Poder Judicial”, apuntó.
Reiteró que la fracción parlamentaria “no será parte de una simulación que seguirá con la injusticia, el uso desmedido de poder y la militarización del país, una estrategia que ha sido fallida desde el inicio y que ha profundizado la violencia”.
Destacó que esta declaratoria de validez implica sentenciar al Estado mexicano por incumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos y ser condenada nuevamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El Estado mexicano ha sido sancionado en varias ocasiones por incumplir estos tratados internacionales que nos hemos comprometido a cumplir”, enfatizó.
El 28 de noviembre de 2018, dijo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por responsabilidad internacional en el caso Alvarado, Espinoza y otros contra México. “Esta sentencia condenó a nuestro país por la guerra que inició el PRI y el PAN, y que ahora está a punto de consumar Morena”.
En ella, explicó, la Corte Interamericana nos detalló los cinco principios que debe cumplir cualquier intervención militar en materia de seguridad en nuestro país, y que el “obradorato” no ha cumplido: tiene que ser extraordinaria; subordinada; tiene que ser complementaria, regulada y fiscalizada.
“Ninguna de estas características se está cumpliendo con la reforma militar que hoy están por declarar válida”, añadió.
Recordó también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2018 echó para atrás a Enrique Peña Nieto su reforma militar con la Ley de Seguridad Interior, declarando la inconstitucional y en 2023, echó para atrás a Andrés Manuel López Obrador su reforma militar para militarizar la Guardia Nacional.
Sostuvo que la intervención de elementos militares en labores policíacas se debe justificar única y exclusivamente en situaciones de extrema necesidad, bajo un marco de regulación y fiscalización por parte de autoridades civiles, lo que garantiza la protección de los derechos humanos.
“Movimiento Ciudadano lo hemos dicho una y otra vez, y por eso hemos puesto sobre la mesa la construcción de una tercera vía que inicie con la construcción de paz y no con la militarización del país”, dijo.
Enfatizó que Morena fue muy lejos al reformar el artículo 129 constitucional, aún ante la alerta y ante las recomendaciones no solo de la comunidad internacional, sino de expertos, académicos, la sociedad civil organizada y la población, pues “ahora, los militares y las fuerzas armadas podrían intervenir en labores civiles, incluso en tiempos de paz”.
Aseguró que cuando no existen contrapesos de cumplimiento con la ley y la Constitución, existen casos de desaparición como la de los estudiantes de Ayotzinapa, o los asesinatos en Tlatlaya, Apatzingán, y muchos otros casos.
Mencionó que hace menos de una semana, el Ejército volvió a asesinar a un civil inocente, a Juan Carlos Sánchez, en los operativos de guerra que lleva a cabo en Sinaloa.
“Justicia para Juan Carlos, como lo hemos establecido. Juan Carlos era un padre de familia que intentó salvar a su hija y a su esposa, y el ejército disparó en su domicilio. Fue asesinado por elementos militares y luego expuesto como un daño colateral por el gobernador Rubén Rocha”, expresó.
Aseveró que el Ejército está entrenado para matar indiscriminadamente, no para proteger ciudadanos, garantizar seguridad o paz, y “este Ejército hoy está, como lo han tratado de establecer, como comandos civiles, blindado”.
Por eso, recalcó que el Estado mexicano ya ha sido condenado y tiene la obligación de que las Fuerzas Armadas sólo puedan participar en materia de seguridad de manera extraordinaria, regulada, subordinada, complementaria y fiscalizada por civiles.
En ese sentido, comentó que la CIDH permite que cualquier persona o grupo de personas presente a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por parte de un Estado, y es a lo que nos estaremos legando en MC.
“Se solicitará que esta Comisión inicie una investigación inmediatamente, ya que estamos ante un caso grave y urgente que erosiona la estabilidad de nuestra democracia y la división del poder civil y militar”, concluyó.
