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El gobierno de Ecuador decretó el miércoles la suspensión de la jornada laboral durante dos días, lo que se suma al incremento de hasta casi seis horas diarias en el racionamiento energético causado por una sequía extendida que afecta a la generación hidroeléctrica.
Un comunicado de la presidencia indicó que este jueves y viernes no se laborará en los sectores público y privado para dar mantenimiento a las plantas eléctricas, lo que implicará “racionamientos energéticos en horarios determinados inamovibles” que se comunicarán en las próximas horas.
El reporte agregó que se denunció ante la Fiscalía a 22 personas por “paralización de servicio público”, entre las cuales se encuentran funcionarios de alto nivel —incluida la exministra de Energía Andrea Arrobo destituida la víspera—.
El comunicado presidencial afirmó que tras una investigación preliminar en el Ministerio de Energía se determinó el ocultamiento de información sobre las condiciones críticas de los embalses de Mazar y Paute, cuyo nivel de almacenamiento es de 0% y 4%, respectivamente, lo que “sobrepasa récords históricos”.
El presidente Daniel Noboa declaró la víspera la emergencia en el sector energético, destituyó a la ministra del ramo y anunció que el Estado cubrirá el 50% de las planillas de abril de los hogares ecuatorianos. Esto tras los súbitos apagones que iniciaron el domingo pero que fueron oficializados el martes.
Noboa dispuso investigar un supuesto sabotaje en el sector sobre el que no presentó pruebas.
Para el exministro de Energía, Esteban Albornoz, la situación “extremadamente delicada” que atraviesa el sector energético “no se puede solucionar en el corto plazo”. Según comentó a The Associated Press, la única opción para afrontar la crisis es la generación térmica —mediante uso de combustible— y estimó que tardará entre “dos a ocho meses” en regularizarse la situación si se toman decisiones a tiempo.
La falta de inversión y de aplicación de un plan para la incorporación de energía anual, así como la falta de mantenimiento en las centrales eléctricas serían los verdaderos motivos tras la emergencia, dijo el experto, quien cuestionó que se usen las condiciones climatológicas como excusa pues “desde el punto de vista técnico siempre debemos estar preparados para el peor escenario”.
“La demanda en Ecuador crece alrededor de 4% a 5% y eso significa que tenemos que incrementar 250 megavatios de nueva generación cada año y hay un retraso importante”, señaló Albornoz.
Los súbitos racionamientos llegaron tras el agotamiento del caudal de la reserva más importante del país en el embalse de Mazar, que alimenta a las dos más grandes centrales hidroeléctricas, Paute y Sopladora, que junto con la central Coca Codo producen cerca del 40% de la energía que requiere el país.
Según la Corporación Nacional de Electricidad, el 78% de la energía proviene de fuentes hidroeléctricas y el resto de centrales térmicas y fuentes no convencionales como la eólica.
El consultor energético José Luis Hidalgo coincidió en que una solución a los racionamientos no se verá en el corto plazo y podría extenderse hasta por un año, con períodos de mayor y menor restricción sujetos a que las lluvias puedan alimentar los embalses de las hidroeléctricas desde mayo.
Para el consultor, el origen de la crisis está en la falta de recursos económicos por los subsidios que se da a sectores como el minero al que se provee energía a un costo tres veces menor del valor de producción y 11 veces menos de lo que pagan los usuarios residenciales.
A fines del año pasado y hasta febrero Ecuador impuso racionamientos de energía diarios programados como respuesta al déficit de producción de electricidad de sus centrales hidroeléctricas.
