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No bastó obtener la independencia para formar una nación fraterna. Los nuevos gobiernos del México independiente enfrentaron problemas para dotar al país de un sistema político sólido y respetado, pese a ello, a escasos dos años de la emancipación del territorio, se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicano, producto del debate político y el consenso parlamentario.
Para conmemorar el bicentenario de la redacción de este documento fundacional de nuestra historia, la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Dirección de Estudios Históricos (DEH), organizó un conversatorio entre varios investigadores, quienes recordaron que las otrora provincias novohispanas, que se convertirían en estados, querían gobiernos autónomos, sino es que independientes.
Por lo anterior, los 107 diputados que se reunieron en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, en el actual Centro Histórico de la Ciudad de México, tenían una responsabilidad enorme al sentar las bases de la distribución de poderes en la República.
El director del Museo Nacional de Historia (MNH), Castillo de Chapultepec, Salvador Rueda Smithers, expuso que en este recinto hay diversas piezas cuya simbología hace referencia a ese momento decisivo, y revelan la vigencia de los valores liberales. Uno de ellos es, propiamente, uno de los impresos de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Sancionada por el Congreso General Constituyente, el 4 de octubre de 1824, ejemplar de un tiraje popular emitido por la Imprenta del Supremo Gobierno, en Palacio Nacional.
“Gran parte de lo que dice esta Constitución es cómo va funcionar cada uno de los poderes de la República. La firman Lorenzo de Zavala, como diputado por Yucatán y presidente del Congreso; Florentino Martínez, diputado por Chihuahua y vicepresidente; y están otras figuras importantes, como Miguel Ramos Arizpe, por Coahuila y Tejas; Servando Teresa de Mier, Carlos María Bustamante, Ignacio Rayón, etcétera, quienes estuvieron en el proceso independentista.
“Ellos ya habían aceptado el Acta de Independencia del Imperio mexicano, firmado en septiembre de 1821, por Agustín de Iturbide y el jefe político superior del reino de la Nueva España, Juan O’ Donojú, con lo cual se manifestaban como mexicanos, y ya no como americanos”, recordó el historiador.
En ese sentido, anotó, debe considerarse que fue la Real Ordenanza para el establecimiento é instrucción de intendentes de exército y provincia en el Reino de la Nueva España, de 1786, otro documento histórico, a resguardo del MNH, donde quedó establecida la geografía política que permitiría convocar a los diputados americanos de la Constitución de Cádiz (casi un tercio de la composición de las cortes) y, a la postre, de la Constitución Federal de 1824.
En su oportunidad, el especialista de la DEH, Felipe Echenique March, abundó que la adscripción identitaria como “americanos” fue usada por la población criolla de la Nueva España y demás virreinatos; en tanto, el término “mexicano” era para los nacidos en la Ciudad de México: “Este sentimiento de identificarse como americanos lo enuncian los propios realistas, en 1821, en Acatempan.
“Los bandos insurgentes y realistas acordaron terminar con la guerra y consumar la Independencia, proponiendo un plan que se firmó en Iguala, Guerrero, el 24 de febrero de 1821. Dejando ver que los sustantivos América y América Septentrional se emplearon de la misma manera con que lo exclamaron los insurgentes en los primeros años de la lucha independiente.
“Sin embargo, ya en el Congreso de Chilpancingo y en su trayecto hacia Apatzingán, la insurgencia fue haciendo a un lado aquel sustantivo para ir consensando uno más cercano, más propio, en el cual pudieran adscribirse sin mucha dificultad. Finalmente, lo mexicano acabó imponiéndose claramente al nombrar, en 1824, a la Carta Magna como Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos”, sostuvo.
Por su parte, el historiador Alonso Domínguez Rascón resaltó el papel de la diputación de Chihuahua en el proceso constitucional, un territorio que nunca tuvo la categoría de provincia en la época virreinal. Pertenecía a la provincia de Nueva Vizcaya, con capital en Durango, y una poderosa oligarquía anclada en el Ayuntamiento de Chihuahua.
“Era una oligarquía que tenía bases económicas en la minería, junto con una élite comercial que acaparaba buena parte del mercado de Nueva Vizcaya y Nuevo México. La concentración de esta riqueza y la posición de Chihuahua, en el centro del septentrión novohispano, con más de dos millones de kilómetros cuadrados y una densidad de población baja, favoreció su creación como estado de la República, con dos antecedentes importantes para su autonomía: la instauración de la Comandancia General, en 1776; y el traslado de la capital a la Villa de Chihuahua, en 1792”, concluyó el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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