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El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que este martes la Cámara de Diputados recibió de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la iniciativa que expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
Mediante sus redes sociales, Gutiérrez Luna expresó: “Recibimos la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para expedir la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con la que se busca que sean menos costosos, sin corrupción y se facilite su proceso. Será turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para iniciar su legislación”.
El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, expone que la citada iniciativa ley tiene el propósito de transformar la manera en que el Estado interactúa con las personas.
Prevé la implementación de Modelos Nacionales que permitan la homologación y estandarización de Trámites y Servicios en los tres órdenes de Gobierno, la soberanía tecnológica como componente estratégico de la transformación digital del país, mediante el desarrollo y consolidación de capacidades tecnológicas públicas que permitan contar con soluciones digitales propias y capacidades técnicas e institucionales que puedan ser compartidas y replicadas en los distintos órdenes de gobierno.
Menciona que el fortalecimiento de equipos técnicos dentro del gobierno constituye pasos clave para construir un ecosistema digital sólido, independiente y resiliente. Esta visión está alineada con una política que busca garantizar el acceso igualitario a servicios públicos de calidad.
Con esta iniciativa de Ley, añade, México avanza hacia una administración pública más eficiente, transparente, moderna e incluyente, mediante la transformación de la relación entre el Gobierno y la ciudadanía, lo que coloca al servicio público como un instrumento para garantizar derechos y poner a las personas en el centro de la gestión gubernamental.
Precisa que esta Ley es reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política, en materia de simplificación administrativa y digitalización de Trámites y Servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas en los tres órdenes de gobierno; sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
Además, este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquellas, responsabilidades de las personas servidoras públicas, al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales; actos, procedimientos o resoluciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; salvo en lo relativo a las obligaciones en materia de simplificación, digitalización y registro de Trámites y Servicios en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, que serán de observancia obligatoria para todas.
Serán objeto de la Ley: Habilitar el Modelo Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos; Habilitar el Modelo Nacional para la Digitalización; Habilitar el Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas; Habilitar el Modelo Nacional de Atención Ciudadana.
También, Habilitar el Repositorio Nacional de Tecnología Pública; Establecer Llave MX como el mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales; Habilitar el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios; Establecer las herramientas, instrumentos y acciones para promover las buenas prácticas regulatorias, y Establecer las obligaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
Refiere que en México, existen en promedio 523 trámites por entidad federativa y 144 a nivel municipal, lo que sugiere que a nivel nacional existen más de 350 mil trámites, un problema que afecta directamente a la población; una persona, en su vida, en promedio realiza 486 trámites, de los cuales el 85 por ciento se hacen ante gobiernos locales; es decir, con entidades federativas y municipios.
En este sentido, uno de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos de los tres órdenes, es acabar con los trámites complejos, largos y costosos; con requisitos redundantes o innecesarios que impacta negativamente en la vida de las personas, dificultan el acceso a derechos, a servicios públicos, a beneficios sociales, generan incertidumbre jurídica y espacios de discrecionalidad y corrupción, subraya.
