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El influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez está cada vez más cerca de convertirse en el primer exmandatario del país andino en afrontar un juicio penal. Está citado el viernes a una audiencia en la que se espera que la fiscalía lo acuse formalmente por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, enfrenta un proceso penal tras denunciar hace más de una década que un senador opositor estaba buscando a paramilitares para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar.
Sin embargo, en un efecto búmeran, Uribe terminó investigado por presuntamente presionar por medio de terceros para que algunos testigos se retractaran de sus acusaciones a cambio de supuestos beneficios.
Por los delitos de los que lo acusa la fiscalía, el exmandatario se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El exmandatario ha negado con anterioridad vínculos con grupos paramilitares.
Uribe estuvo detenido en su residencia por este caso desde agosto hasta octubre de 2020 por orden de la Corte Suprema. Sin embargo, renunció entonces a su curul como senador y un juez ordenó su libertad.
Desde entonces, la fiscalía ha pedido en dos ocasiones su cierre alegando que el expresidente fue totalmente ajeno a las gestiones presuntamente ilícitas que hicieron terceros. En ambas solicitudes, los jueces mantuvieron abierto el proceso por considerar que es posible que Uribe hubiera intervenido en los hechos.
En abril, tras la renovación de la titular de la Fiscalía General, con la designación de Luz Adriana Camargo a partir de una terna propuesta por el presidente colombiano, Gustavo Petro, la fiscalía cambió de postura: desistió de pedir el cierre del caso y llamó a juicio a Uribe.
Uribe alegó ante esa decisión que la fiscalía actuó “por venganzas políticas” al considerar que no hay pruebas que permitan inferir que buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia.
Se espera que la fiscalía acuse formalmente a Uribe Vélez por medio de un escrito en la que enuncie los elementos de prueba que tiene. Luego, el juez podrá asignar una fecha para las audiencias preparatorias en las que se empezarán a presentar las prueba, con lo que después iniciaría la etapa de juicio.
El inicio del proceso de Uribe Vélez se remonta al 2012 cuando denunció ante la Corte Suprema de Justicia al congresista de izquierda Iván Cepeda, su opositor político, por presuntamente buscar en cárceles testimonios de paramilitares para que declararan contra el exmandatario y lo vincularan con la creación de un grupo paramilitar.
Sin embargo, en 2018, la misma Corte, encargada de investigar a los congresistas, cerró la denuncia contra Cepeda al no encontrar méritos y ordenó, en cambio, abrir una investigación contra el entonces senador Uribe Vélez para determinar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos en contra de Cepeda.
“Es un hecho sin lugar a dudas trascendental, la primera vez que una persona que ha ejercido la jefatura del Estado colombiano tiene que comparecer ante la justicia”, aseguró a The Associated Press Cepeda, quien consta como víctima en el proceso penal.
Cepeda espera “celeridad” en los procedimientos para que “muy pronto el país pueda conocer una sentencia sobre lo que ha sido este episodio que ya ha durado más de una década en el que he sido víctima”.
AP
