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La diputada María De Jesús Paez Güereca (PT) propone que la Administración Pública Federal establezca las medidas necesarias para que las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad reciban una atención prioritaria y preferente “para la realización de trámites administrativos y la prestación de servicios públicos”.
Para ello, plantea reformar el artículo 6°de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al señalar que la principal barrera que padecen las personas con discapacidad son los impedimentos sociales, culturales, económicos, jurídicos y de movilidad, entre otros, que dificultan su plena integración.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen, destaca que es alto el número de personas con discapacidad que demandan el otorgamiento de servicios que coadyuven a promover el ejercicio pleno de sus derechos, como la salud, que es uno de los más importantes para este grupo de población.
Resalta que “este sector se ha enfrentado a limitaciones y desventajas para acceder a la educación, empleo, protección social, salud, cultura, medios de transporte, información, vida política, así como a otros derechos básicos como formar una familia, disfrutar de la sexualidad, ejercer el derecho al voto o disfrutar de la vida social”.
Añade que en México la mayoría de la población con discapacidad es víctima de discriminación y a menudo se encuentra al margen del ejercicio de sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política. Además, más del 60 por ciento se encuentra en los niveles más bajos de ingreso, lo que muestra su grave vulnerabilidad.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Observatorio Ciudadano por la Discapacidad, el 94.4 por ciento de las y los mexicanos con discapacidad son discriminados y tienen limitaciones para acceder en igualdad de condiciones a derechos básicos que garanticen su pleno desarrollo y la satisfacción de sus necesidades.
La legisladora Paez Güereca considera que, aunque la ley vigente contempla la protección y las medidas que el Estado debe facilitar para que las personas con discapacidad puedan gozar sus derechos en un marco de respeto e igualdad de oportunidades, es necesario fortalecer los servicios que se les otorga para que alcancen su pleno desarrollo.
Añade que la importancia de esta reforma radica en mejorar la atención que se brinda a este grupo en la Administración Pública, así como en ampliar la cobertura y las ayudas funcionales que requiere, con el propósito de aumentar sus habilidades y capacidades, que promuevan su desplazamiento y perfeccionen la comunicación con el entorno.
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