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La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PRI) planteó reformar el artículo 29 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que el Sistema Nacional DIF cuente con un padrón de información y registro permanentemente actualizado.
Este padrón deberá incluir información de niñas, niños y adolescentes, cuya situación jurídica sea de orfandad como consecuencia del feminicidio de la madre.
También propone un adicionar un segundo párrafo al artículo 122 del Código Civil Federal, a fin de establecer que el juez del Registro Civil tendrá la obligación de notificar al DIF, encargado del padrón de información, sobre estos casos, con el propósito de tener el registro actualizado.
La iniciativa, turnada a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Justicia, expone que datos de ONU Mujeres señalan que 10 mujeres son asesinadas cada 24 horas, es decir 3 mil 650 feminicidios al año.
Indica que esta violencia deja tras de sí un número creciente de niñas, niños y adolescentes en orfandad, quienes enfrentan un futuro incierto, marcado por el trauma emocional, la desprotección y la vulnerabilidad ante la violencia y la pobreza, además de la exclusión, abandono escolar y dificultades de acceso a servicios básicos de salud y bienestar psicosocial.
En este sentido, estima necesario que las autoridades tengan un registro de la cantidad, identidad, edad, grado escolar, quién se quedó a su cuidado, si reciben atención médica y psicológica, pues de lo contrario son víctimas invisibles del feminicidio, porque si no son identificados significa que no reciben ayuda, aun cuando muchos de ellos han sido testigos del asesinato de sus madres.
Añade que la falta de datos exactos respecto a las niñas, niños y adolescentes, víctimas indirectas del feminicidio, es una de las urgencias que debe resolver la autoridad para garantizar la reparación del daño.
Puntualiza que la creación de un padrón de niñas, niños y adolescentes en esta situación es un paso decisivo para visibilizar y atender integralmente a las víctimas indirectas, a fin de asegurar que el Estado cumpla con su deber de proteger y garantizar sus derechos fundamentales.
Además, representa un paso crucial hacia la reparación del daño, al permitir una identificación precisa y la canalización de apoyos específicos que atiendan sus necesidades inmediatas y de largo plazo. “Este padrón funcionaría como una herramienta para el diseño y la implementación de políticas públicas dirigidas a garantizar sus derechos fundamentales, como educación, salud mental y emocional”.
La legisladora observa que este registro permitirá a las autoridades identificar y monitorear las necesidades específicas de cada menor, facilitando la aplicación de programas de apoyo personalizados. Además, funcionará como herramienta para evaluar y ajustar las políticas públicas dirigidas a esa población.
Considera que el padrón debe estar acompañado de la articulación de esfuerzos entre las diversas instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de contar con un enfoque integral que aborde todas las dimensiones de esta problemática.
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