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La Junta de Coordinación Política y la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, presidida por el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), llevaron a cabo el Foro de Diálogo Estatal con el tema: “Vapeadores y fentanilo”, en el Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México.
En el marco de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales y legales que se discutirán en el Congreso de la Unión, diputados y especialistas expresaron puntos de vista con relación a ambos temas.
Inzunza Armas agradeció a los especialistas por exponer sus opiniones, análisis y estudios sobre la iniciativa que reforma diversas disposiciones de los artículos 4º y 5º de la Constitución Política, en materia de protección de la salud por el uso de sustancias tóxicas, específicamente, dijo, en dos grandes rubros: la industria del vapeo y el uso médico del fentanilo.
Destacó que la Comisión a su cargo continuará el trabajo de análisis de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, que consiste en modificar dichos artículos de la Carta Magna.
El diputado Carlos Noriega Romero (Morena) resaltó que se discuten reformas a los artículos 4º y 5º constitucionales, y las ponencias hacen mención a la libertad personal, el interés por conservar y preservar la salud y su efecto en la economía, donde juegan los intereses de quienes se dedican a comerciar en este negocio de los vapeadores y cigarros electrónicos.
Sin embargo, dijo, se debe diferenciar entre sustancias y dispositivos, cuando los vaporizadores se utilizan desde hace tiempo y los vapeadores tienen poco; además, las sustancias van desde el alcohol hasta el fentanilo, pero hay que reconocer que “el exceso es lo que mata a las personas”.
En tanto, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) apuntó que la prohibición del consumo de tabaco y vapeo podría empujar a la ilegalidad, lo cual incrementa los riesgos sanitarios a causa de la falta de regulación; ante ello, planteó un proceso sistemático para asegurar que la ley resultante, en este caso la modificación al cuarto y quinto constitucional, sea efectiva, equitativa y aplicable; es decir, lejos de prohibir, la reforma debe regular y enfatizar que su consumo es poco saludable, así como proteger a la población vulnerable.
En cuanto al fentanilo, expresó que prohibir su uso podría llevar a problemas éticos y legales en lo que respecta al derecho de los pacientes a un tratamiento al dolor efectivo. “La ley debe equilibrar la prevención del uso y el derecho a la atención médica adecuada”. Agregó que este producto es un elemento en el tratamiento a padecimientos, como el cáncer y cuidado paliativos, por lo que debe distinguirse el uso médico y el abuso. Por todo ello, anunció su rechazo a esta propuesta normativa.
Especialistas y asociaciones externan posturas
El presidente de la Asociación México y el Mundo, Juan José Cirión Lee, expresó que un país que busca ser una democracia moderna trata de respetar los derechos humanos, por lo que la restricción o prohibición de los vapeadores desde la Constitución está basada en afirmaciones que no tienen respaldo ni en la razón ni en la ciencia. Es necesario que las y los diputados tomen conciencia de que se debe analizar si realmente o no hacen más daño que un cigarro normal, dado que incide en las libertades, gustos y posibilidades de cambio de las personas.
En su ponencia, María Angélica Ocampo Ocampo, del Hospital General de México, destacó la importancia de realizar investigaciones sobre las consecuencias que tiene el uso de dispositivos electrónicos y el consumo del fentanilo. Puntualizó que los expertos tienen que definir si éstos se utilizan en las terapias intensivas; también, vigilar, cuidar y promover la salud para que las personas no consuman por ningún motivo sustancias extraordinarias que afecten al pulmón.
Susana Lizeth Pérez Leal, ingeniera química industrial, refirió que realizó el primer estudio mexicano sobre la química de los líquidos para vaporizadores versus cigarro combustible. Pidió que este estudio sea el precursor para una normatividad de los e-líquidos para vapeo, ya que ahí se encontraría un riesgo minimizado a la salud de las personas que fuman. También consideró que se deben hacer más estudios a más sustancias para conocer cómo pueden afectar la salud.
Tomas O’Gorman, secretario de la Asociación Pro-vapeo A.C., aseguró que de ser aprobada la reforma se generará una grave violación a los derechos humanos y la prohibición de los vapeadores no va a contribuir de ninguna manera a proteger la salud; todo lo contrario: la falta de regulación y la venta de esos productos en el mercado negro traerá consecuencias graves a la salud, por la falta de controles y la adulteración por parte del crimen organizado, y se arriesga a los consumidores de recaer en el tabaquismo. “En lugar de proteger el mercado negro se deben emprender acciones para reducir las tasas de tabaquismo en la población adulta”.
Édgar Cano Campillo, empresario y usuario de vapeo, consideró que establecer en la Constitución Política la prohibición del vapeo simplemente logrará que estos productos continúen vendiéndose sin control de calidad ni regulación y provocará que empeore y se incremente el consumo en los menores de edad; eliminará la posibilidad de que usuarios que han vivido en carne propia una opción menos dañina como terapia de reemplazo no tengan la posibilidad de continuar consumiendo productos de calidad y se vean obligados a adquirir sus insumos en el mercado negro.
Édgar Casillas Guzmán, especialista en Psiquiatría de las Adicciones y Patología Dual, afirmó que urge regular el uso de vapeadores y cigarros electrónicos, ya que en los últimos años han ganado popularidad entre los jóvenes debido a la percepción errónea de que son inocuos y una alternativa segura al tabaco tradicional. Destacó que su regulación respaldaría la investigación y la evaluación continua de los efectos del vapeo, lo que puede fomentar el desarrollo de políticas y medidas preventivas. La regulación, agregó, puede incluir campañas educativas y de concientización sobre los riesgos en la salud.
La doctora y consultora en la industria del cannabis para su integración en la medicina actual, Mariana Hoyo, pidió una regulación en pro de la población y del consumidor, en donde se contemple el bienestar. Hizo votos por avanzar en una medicina basada en la evidencia y con empatía, así como brindar atención sanitaria con innovaciones, como pueden ser los vapeadores, y aplicar estrategias de educación e información para que se tenga una mejor calidad de vida.
En su oportunidad, José Alejandro Chávez Fernández, jefe de la Clínica de Enfermedad Coronaria e Insuficiencia Cardiaca del Hospital General de México, puntualizó que al no estar regulado el vapeo es controlado por el mercado negro. Indicó que todas las sustancias y características que tiene el vapeo son cancerígenas y pueden generar inflamación de todas las paredes arteriales. Mencionó que si se legisla se podría investigar cuál es su papel, es decir si es un elemento de riesgo o si se podría sugerir para los pacientes.
Santa Aguilar León, médico especialista adscrita al Servicio de Cuidados Paliativos en el Centro Oncológico Estatal «Dr José Luis Barrera Franco» del ISSEMyM, se pronunció por defender el uso del fentanilo con fines medicinales. Precisó que el fentanilo, siendo un potente analgésico y opioide, tiene un papel muy importante en el uso de las anestesias. Sostuvo que la gente que utiliza estos medicamentos y los prescribe “no vamos a estar haciendo un uso indebido” y su aplicación con fines medicinales está estipulado en la ley.
Jaime Hilú, emprendedor en tecnología y usuario de vapeadores, señaló que la prohibición no es la solución para reducir daños a la salud, cuando lo que se debería hacer es una regulación de la industria, donde se contemplen restricciones de edad, controles y campañas. Además, una prohibición tendría repercusiones en aspectos económicos, ya que son una fuente importante de empleos y podría haber cierre de negocios, y su regulación abonaría a la recaudación de impuestos.
María Luisa Mendoza López, experta en litigio y consultoría en el área de ciencias de la salud, llamó al Congreso de la Unión a no permitir que la Carta Magna se utilice como un instrumento de trato desproporcional que atente contra la libertad. Puntualizó que la iniciativa es inconstitucional por desproporcional, existen otras medidas menos lesivas que son idóneas para la protección de la salud y el medio ambiente, como la emisión de regulaciones específicas. “Los legisladores deben confiar en la decisión de los consumidores mayores de edad, siempre y cuando sea una decisión informada”.
Rocío Guillén Núñez, secretaria de la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, estimó que el fentanilo es una molécula que fue diseñada de forma sintética en la década de 1960 y ha tenido una utilidad clínica médica que realmente es contundente y es aplastante con relación al manejo del dolor en diferentes escenarios de difícil control: para pacientes oncológicos, en la unidad de cuidados intensivos y en la unidad para pacientes de quemados. El tema es diferenciar específicamente su prohibición en todo lo relacionado con la producción y venta de origen ilícito, y el uso con fines médicos.
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