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Con el objetivo de cumplir con los principios de desarrollo urbano con una perspectiva de sostenibilidad y tener un avance social con el planeta, la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD) propone modificar el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
La iniciativa adiciona una fracción XXVII al artículo antes mencionado para establecer que corresponde a los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México expedir los acuerdos de liberación de predios propiedad de los mismos, por causa de utilidad pública debidamente sustentada, en los que se privilegiará la creación de espacios públicos sustentables, priorizando centros sociales o culturales, parques, deportivos y centros de esparcimiento.
Señala que recuperar y preservar espacios de esparcimiento y áreas verdes es necesario para el país, por las consecuencias del calentamiento global y de la emisión de gases de efecto invernadero.
Indica que la conservación de los espacios verdes urbanos debe ser considerada como primera prioridad pues se ha comprobado que estos contribuyen al bienestar humano al permitir una mayor exposición al sol, aumentando la síntesis de vitamina D, además de facilitar la actividad física, lo que permitirá mejorar la salud general.
También, en términos de salud mental, el acceso a espacios naturales ayuda a disminuir los trastornos de atención e hiperactividad, la depresión y el estrés, y mejorar la productividad. Estos espacios favorecen oportunidades de socialización y fortalecen el sentido de apego a la comunidad.
Considera que el espacio público tiene un papel fundamental en el andamiaje urbano, por las dimensiones que abarca y por la influencia en las relaciones humanas. Diversas investigaciones recientes han demostrado su importancia en diferentes ámbitos de la vida social.
Menciona que un problema que tiene no sólo México, sino las metrópolis que presentan graves conflictos de crecimiento, es la ilegalidad en los procesos de construcción; ejemplo de ello es que más del 50 por ciento del crecimiento urbano en el país es informal e ilegal, lo que se refleja en ocupaciones que muchas veces violentan las normas de construcción de edificios en las zonas que están destinadas a la conservación del medio ambiente.
En nuestro país hay ciudades de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; se concibe a estas concentraciones como zonas metropolitanas.
Existen 74 zonas metropolitanas reconocidas por el Consejo Nacional de Población, en las que habitan 75 millones de personas, de las cuales 16 están constituidas únicamente por un municipio, mientras que 58 están formadas de dos o más municipios, agrega.
La concentración poblacional en el ámbito urbano es muy alta, y de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aproximadamente 99 millones de personas radican en municipios urbanizados frente a 26 millones que conviven en asentamientos rurales, puntualiza la iniciativa enviada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para dictamen.
