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Desecha el Juez de Distrito el amparo presentado por la Asociación Civil Poza Rica 2040, quien se opone a que se concesione el servicio de alumbrado público debido a que no se está realizando de manera trasparente y conforme a lo establecido en la Ley, afirmó Carlos Asdrúbal Pantoja de la Cruz, Presidente de la Asociación Civil.
Lo anterior, luego de que el Congreso del Estado aprobó la concesión del servicio de alumbrado público municipal y derivado de esto es municipio pretende firmar un convenio con la empresa NL Technologies para que se haga cargo de este servicio por 15 años.
En rueda de prensa los integrantes de la A.C. relevaron que se promovieron un amparo en contra de la autorización del Congreso del Estado, por otorgar al Ayuntamiento las facultades para celebrar este contrato publico/privado con la empresa antes referida, sin embargo, este fue desechado por el Juez de Distrito quien consideró que carecía del interés legítimo, para poder acudir a la vía jurisdiccional mediante juicio de amparo, por lo que afirmaron que van a apelar en contra de la resolución del Juez de Distrito de esta ciudad en un Tribunal Colegiado de Circuito.
El principal argumento dijo por el que se oponen a que se lleve a cabo dicho convenio es porque el gobierno municipal no hizo pública la información con respecto al proceso por el cual se otorgó la concesión a la empresa, datos que no fueron dados a conocer en el portal de transparencia del Ayuntamiento y que tampoco se encuentran en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y protección de Datos Personales (IVAI).
Pese a que se solicitó por escrito los datos del expediente 109/2017 referente a la concesión de Alumbrado Público, a la fecha no se ha obtenido respuesta ni por parte del Ayuntamiento ni del IVAI, lo cual genera sospechas enfatizó.
Tanto el Ayuntamiento como el Congreso del Estado deberían de tener en sus portales de transparencia el contrato pública/privado y este no existe, aunque la administración municipal argumenta que el proceso se realizó con toda la legalidad, pero al no existir un procedimiento de licitación, significa que no hubo oportunidad a empresas locales de poder concursar en esta licitación, por lo que ante la falta de transparencia y rendición de cuentas existe opacidad en el tema.
«No se cumplió con lo que dispone el artículo 113 de la Ley Orgánica de Municipio Libre, que indica que cuando un municipio otorga una concesión respecto de un servicio público municipal, tienen que sujetarse a una licitación pública y en este caso en concreto no existe una licitación pública, fue una adjudicación directa a un articular y desconocemos cual fue el procedimiento», argumentó.
Añadió además que al concesionar un servicio municipal deja claro la incapacidad gubernamental que privó en esta administración y en anteriores, por lo que debe de surgir la pregunta obligada «Si no soy capaz de otorgar un servicio municipal, por lo que los tengo que concesionar entonces ¿Para qué estoy cobrando?».
Para concluir, subrayó que aunque ya se publicó en la Gaceta Legislativas la aprobación del Congreso para concesionar el servicio, aún falta que autorice el Ejecutivo del Estado la publicación de la Gaceta Oficial y una vez que se publique entra en vigor, a partir de esa fecha se tienen tres días para promover juicios de amparos para lograr la suspensión ante la Sala Regional, en la rueda de prensa también estuvieron presentes Carlos Miguel Bauza Calvillo, Ángel Ramírez Alaffita y Martín Vizcarra Hernández quienes también son integrantes de la asociación.
