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Representantes de diversos colectivos y organizaciones de personas buscadoras que acudieron a la Cámara de Diputados al Foro “Personas desaparecidas: Lucha por la memoria y la justicia”, organizado por el Grupo Parlamentario del PT, solicitaron que se escuchen sus voces antes de generar una iniciativa en esta materia.
Familiares de personas desaparecidas provenientes de Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Nayarit relataron cómo por sus propios medios se han dedicado a localizar a sus familiares, enfrentándose a la resistencia de parte de las autoridades a compartir información y a la poca coordinación entre las instituciones de procuración de justicia.
El diputado federal José Luis Sánchez González (PT) hizo un llamado a la movilización social, ya que la desaparición de miles de personas debería ser motivo para que “todo el pueblo de México estuviéramos levantados, movilizados, reclamando justicia”.
Recalcó que la desaparición de personas no es un hecho aislado, sino el resultado de años de abandono institucional y complicidad bajo un modelo neoliberal que dio la espalda a las víctimas.
Propuso un gran acuerdo nacional que ponga en el centro la paz, la verdad y la justicia, no como discursos, sino como compromisos reales del Estado; de igual manera, respaldó reformas que garanticen la búsqueda de personas como una política permanente, impulsada por convicción y no por coyuntura.
En su intervención, la integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México, Michoacán, Blanca Liliana Jaimes, aseveró que las denuncias de estos colectivos son “un claro ejemplo la impunidad, la ineficiencia, la inacción y la no voluntad por parte del Estado para encontrar a nuestros familiares”.
Dijo que muchas veces son las propias autoridades quienes exponen a las madres buscadoras, y cuestionó por qué no se les convocó al diálogo antes del caso Teuchitlán, en Jalisco.
Lamentó que la atención a los casos dependa de la “voluntad política” y de si los familiares están afiliados o no a determinada fuerza política. “¿Qué les pasa, no sienten, no les pesa, no sienten el peso en sus hombros de todos los desaparecidos?”, recriminó.
A su vez, la representante del Colectivo Desaparecidos Michoacán, Viridiana Gil, exigió que se realice un encuentro con la presidenta de la República para generar acuerdos y planteamientos concretos a reflejar en la ley, de lo contrario, los acercamientos quedarán en sólo palabras. “Del decir al hacer hay un abismo y si a las familias de las víctimas no se les pregunta, no se puede sacar una ley”.
De igual manera, expuso la necesidad de implementar protocolos para dar atención y seguimiento a los casos de los familiares que se quedan a cargo de los hijos de personas desaparecidas.
Aseguró que actualmente la atención se centra en el caso del rancho en Teuchitlán, Jalisco, pero hace unos meses, a finales del año pasado, los reflectores enfocaron en Tacámbaro, Michoacán, donde se encontró una “megafosa” clandestina, en la zona conocida como “La Parotita”. Antes, fueron las fosas localizadas en el predio identificado como “Los negritos”, en las inmediaciones de la Ciénega-Chapala, en los límites con Jalisco.
Al relatar su testimonio, Irma Arellanes Hernández, la representante del Colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, Irma Arellanes Hernández, alertó que, si estos grupos dan a conocer sus casos, muchas veces las asesinan.
Por tal motivo, solicitó que el Gobierno Federal escuche a 95 los colectivos que hay en México, y que las reformas propuestas sean consultadas con las madres buscadoras y las familias.
