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El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), presidente de la Sección Instructora, señaló que esta instancia declaró notoriamente improcedente la solicitud de declaración de procedencia contra el diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque el expediente, “a nuestro juicio, no cumple con los elementos de ley”; ahora pasará al Pleno de la Cámara de Diputados.
En declaraciones a representantes de medios de comunicación, al concluir una reunión de la Sección Instructora, el legislador dijo que, luego de que se expongan los motivos del por qué el expediente no cumple con los requerimientos de ley, “el Pleno de la Cámara será quien decida si se acepta o se desecha.
“Se está hablando de un desechamiento, un desechamiento que no tenemos facultades los cuatro miembros de la Sección Instructora. Quien tienen las facultades claramente lo establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es el Pleno, ante esas sospechas de que no lo queríamos pasar al Pleno de la Cámara, no, sí lo vamos a pasar.
“Esa es ya la determinación que se tomó y la solicitud que estamos haciendo respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva. Nosotros hoy estamos dando un dictamen notoriamente improcedente, porque el expediente que contenía la solicitud, a nuestro juicio, no cumple con los elementos de ley. Quien lo desechará será el Pleno de la Cámara. Todavía hay esa posibilidad que el Pleno pueda llegar a admitirlo”, explicó.
Detalló que el citado expediente carece de rigor técnico y profesional, no cumpliendo con los protocolos establecidos para la investigación de delitos sexuales.
“De un análisis y revisión a la carpeta de investigación, que fue remitida en copia certificada por la propia coordinadora de la Fiscalía de Delitos Sexuales, se puede advertir que la misma carece de una investigación técnica y profesional bajo los principios legales de lealtad y objetividad.
“No se apegó al protocolo del Ministerio Público para la Investigación de Delitos Sexuales con Perspectiva de Género del Estado de Morelos y de datos de pruebas que puedan permitir a esta Sección Instructora retirar la inmunidad constitucional del diputado federal”, puntualizó.
Destacó que en la carpeta de investigación únicamente se aprecia que la institución ministerial recibió la denuncia realizando su ratificación; sin embargo, de la misma “se puede advertir que en el lugar de los hechos en el que presumiblemente se desplegó la conducta infractora, se encontraban en ese día y hora diversas personas cuyas entrevistas o comparecencias en ningún momento fueron solicitadas por la propia Fiscalía.
“No fueron recabadas por este órgano ministerial, ni tampoco llevaron a cabo diligencias pertinentes e idóneas para acreditar el hecho delictuoso y la presunta responsabilidad. Como pudieran ser la técnica pericial para recabar mayores datos de prueba, un informe detallado del lugar de los hechos, la intervención del perito en materia de criminalística o alguna inspección ocular al sitio donde presuntamente se cometió el ilícito”, abundó.
Además, comentó, los dictámenes periciales presentados son contradictorios, lo que plantea dudas sobre la afectación psicológica de la víctima. “Lo que únicamente se cuenta en este momento como pruebas son dos dictámenes periciales en psicología que por cierto resultan contradictorios.
“Uno de ellos señala en sus conclusiones que la víctima no presenta un daño psicológico como consecuencia de un delito de carácter sexual; y el segundo, con dos meses posteriores al primero, establece que, de acuerdo a los datos obtenidos de la pericial, sí se presenta una afectación emocional a la víctima derivado de este mismo delito sexual.
“Sin que se pierda de vista que ambos peritajes se practicaron o realizaron con la misma técnica y por peritos de la misma Fiscalía, pero del mismo contenido se contempla su deficiencia y sobre todo que los mismos no se sometieron a los lineamientos y directrices ordenados en dicho protocolo”, aseguró.
Pese a las inconsistencias, el diputado subrayó que se deben salvaguardar los derechos de la víctima y que, si se presenta una investigación adecuada en el futuro, podría admitirse nuevamente el caso.
“Aquí no estamos nosotros buscando impunidad de nadie en lo absoluto, estamos buscando actuar con legalidad y que sea la autoridad competente quien presente de manera correcta este expediente. Esa no es responsabilidad de la Sección Instructora y tenemos que decirlo fuerte y claro.
“Y sí hay aquí compañeros diputados que quieren sacar raja política de este asunto tan lamentable. Si este delito aconteció sólo estamos pidiendo una cosa: que la Fiscalía del Estado de Morelos haga una investigación profesional apegada a derecho y a todos los protocolos que le marca tanto la Constitución (del estado), las leyes locales, como la Constitución de la República y, desde luego, el derecho convencional”, agregó.
Aclaró que lo que va a aprobar o desechar el pleno en la Cámara de Diputados es la admisión para que continúe el procedimiento. “Todavía no estamos en el momento de quitar el fuero constitucional. Es de admitir o desechar la solicitud de la Fiscalía.
“Si hay mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, si puede, nos lo regresa y entonces nosotros tendremos que continuar con el procedimiento. Y ahora sí, le notificaríamos al señalado, tendríamos desde luego que decirle a la parte social, es decir, a la Fiscalía de Morelos, que se ha admitido el documento y a partir de ahí empieza un periodo de alegatos, de pruebas, y de conclusión para poder llegar finalmente a una resolución final. Sí, el Pleno sí puede ordenarle a la Sección Instructora continuar con el procedimiento”, explicó.
