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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), llevó a cabo la mesa de trabajo “Presupuesto con perspectiva de desarrollo sostenible”, en el marco del parlamento abierto para analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Marco Antonio De La Mora Torreblanca (PVEM), secretario de la Comisión, explicó que esta mesa de diálogo tiene el propósito de analizar el PEF con una perspectiva de desarrollo sostenible, recogiendo propuestas y opiniones que contribuyan al sector ambiental en tres puntos: acciones contra el cambio climático, conservación y mantenimiento de agua y en la protección al medio ambiente.
Esta reunión, agregó, será un espacio esencial para escuchar, reflexionar y tomar decisiones que transformen nuestra realidad, “porque si algo ha enseñado el cambio climático es que su impacto no discrimina y nos afecta a todos. Es un desafío global que exige acciones locales y colectivas”.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM), comentó que se tiene la encomienda de analizar el Presupuesto 2025 en el sector ambiental y es urgente atender y combatir el cambio climático. También, dijo, debe ser una prioridad proteger el medio ambiente y la biodiversidad porque es importante para la sociedad y las futuras generaciones.
Mencionó que en la última década se han presentado fenómenos climáticos y meteorológicos extremos, desde temporadas de sequías atípicas, olas de calor, hasta lluvias torrenciales, huracanes, por lo que es importante trabajar en estos temas. Recordó que para la titular del Ejecutivo Federal el agua es un bien nacional y es derecho humano recibir el líquido en cantidad y calidad suficiente.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM) expresó que la sostenibilidad ambiental se obtendrá solo cuando la explotación de recursos naturales se mantenga dentro de los límites de la regeneración y el crecimiento natural. Mencionó que el recorte presupuestal que se hizo a medio ambiente se puede recuperar de la “reasignación en el PEF de los 15 mil millones de pesos por la extinción de organismos autónomos; entonces, aquí hay una gran oportunidad para que el país haga una inversión mayor en medio ambiente”.
Ponentes
José Lara Lona, secretario del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato y presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México A.C, destacó la importancia de acatar y respetar el marco legal en materia de agua y medio ambiente y no reducir el presupuesto a quien se encarga de verificar que esto se lleve a cabo. Propuso buscar algunos mecanismos que permitan allegarse de recursos como impuestos ambientales o recursos privados.
Benito David Morán Bañuelos, subsecretario de Gestión y Protección Ambiental de Quintana Roo, estimó que la erosión y el sargazo han producido pérdidas económicas, competitividad y empleos, por lo que se requieren recursos para actualizar los estudios ambientales y para la recuperación de playas, en un esquema más sustentable y a largo plazo en donde se consideran estructuras de cierre, recuperación de arrecifes, pastos marinos y de vegetación de dunas, por un monto de mil 200 millones de pesos.
Antonio Azuela de la Cueva, miembro del Consejo Directivo de Greenpeace México, resaltó la relevancia de que se haga un esfuerzo presupuestario y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no solo no tenga una reducción presupuestal, sino un incremento importante, pues se trata de una institución crucial para que México transite al desarrollo sustentable.
A su vez, Miguel Ángel Cancino Aguilar, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, dijo que es necesario destinar recursos a la Profepa, porque en el capítulo mil se disminuye su presupuesto, lo que implica dejarla sin 250 inspectores y abogados, personal encargado de la operación de la institución. “Al avanzar con el recorte habrá implicaciones en la operación, vigilancia, acciones de aplicación y cumplimiento de la normatividad ambiental”.
Ameyalli Magallón Vergara, activista y maestra en proyectos para el desarrollo urbano sustentable de la Universidad Iberoamericana, observó que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la crisis de recursos naturales, hacen urgente crear una política pública que promueva el desarrollo económico, social y ambiental responsable. Añadió que el enfoque de conservación del sistema de la Reserva de la Biosfera tiene que ser una prioridad.
Por su parte, Joaliné Pardo Núñez, del Conahcyt, dijo que la soberanía alimentaria es la capacidad de los pueblos para establecer sus prioridades en materia de producción, abasto y acceso a alimentos adecuados con base en la producción nacional e incluyendo la elección de las técnicas y tecnologías óptimas para garantizar el bienestar de las personas.
César Augusto Rivera de Jesús, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, mencionó que el sector ambiental enfrenta un duro golpe en el presupuesto lo que tendrá implicaciones profundas en el presente y futuro. Invitó a analizar las causas detrás de esta reducción porque es el resultado de una política fiscal que no recauda más, ni diversifica sus fuentes de ingreso.
En su oportunidad, Lourdes Hernández Meza, coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, apuntó que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevé multas para que se vayan a un fondo, el cual es para programas de inspección y vigilancia, lo que le ayudaría a la Profepa. Planteó fomentar esquemas y mecanismos voluntarios para que se cumpla con la norma y, con ello, no haya tanta afectación ambiental.
Raúl Israel Díaz Salazar, investigador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, señaló que para 2037 se espera que el 42.5 por ciento de la energía ya sea de energías limpias, de ahí la inversión que se está haciendo en programas para alcanzar esas metas. Agregó que se han logrado avances significativos hacia un sistema energético más sostenible, pero aun se enfrentan desafíos importantes y se requieren mejoras regulatorias, financiamiento adecuado e integración de tecnologías avanzadas.
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