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José Raúl Mulino juramentó el lunes como presidente de Panamá para los próximos cinco años decidido a detener la incesante migración irregular por la jungla del Darién con ayuda de Estados Unidos.
“Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales”, señaló Mulino tras juramentar al cargo en un acto en el Centro de Convenciones Atlapa sobre la bahía del Pacífico en la capital panameña. Recibió la banda presidencial de parte de la nueva presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, ante varios líderes de la región invitados.
Mulino, un abogado y exministro de Seguridad de 65 años, tenía previsto como uno de los primeros actos de su gobierno la suscripción de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos con el fin de iniciar el cierre de la frontera a la migración desde Sudamérica que se dirige al país norteamericano.
El nuevo líder panameño considera que ese flujo migratorio, que lleva más de una década pero que se ha disparado en los últimos años, es una crisis humanitaria “intolerable” que impacta el medioambiente y la economía de Panamá y genera graves violaciones a los derechos humanos de los que migran, muchos de ellos mujeres y niños.
Más de medio millón utilizaron el año pasado esa ruta, en su mayoría venezolanos —a los que siguieron ecuatorianos, colombianos y chinos—. Más de 190.000 lo han hecho en lo que va de 2024.
El acuerdo con Estados Unidos, cuyo tema migratorio toma mayor relevancia de cara a los comicios de noviembre, apunta a que el país norteamericano ayude a costear vuelos desde Panamá para repatriar a los migrantes que cruzan el Darién sin documentos.
El canciller designado Javier Martínez Acha señaló el domingo que en efecto Estados Unidos cooperará en el esfuerzo de Panamá, pero señaló que no se establecieron los montos económicos para poner en vigor ese proceso. Esto lo dijo al término de una reunión de Mulino con el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas, quien asiste a la toma de posesión.
El plan también implica el cierre de las trochas o caminos que utilizan los migrantes en su tránsito a pie por la selva.
“Como tema clave en su agenda, Mulino ha prometido poner fin a la migración irregular por el Tapón del Darién”, indicó Michael Shifter, profesor adjunto en la Universidad de Georgetown, en Washington. “El nuevo presidente parece sumamente comprometido con esta idea”.
“Sin embargo, no será fácil ejecutar esta política, se puede esperar grupos e intereses en contra”, afirmó. “Un asunto importante es el papel de Estados Unidos en tal esfuerzo”.
“Los Estados Unidos deberían asumir los costos por los vuelos de deportación”, agregó Shifter. Mulino se refiere más a un proceso de “repatriación”.
En el acto de toma de posesión participaron, entre otros líderes de la región, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y el costarricense, Rodrigo Chaves, países con los que el gobierno de Mulino tendrá que trabajar en conjunto para frenar la crisis migratoria.
Mulino y Petro se reunieron antes del acto de toma de posesión y acordaron celebrar un encuentro con Estados Unidos para abordar la crisis migratoria, dijo la oficina de prensa del presidente electo. No se precisó la fecha. El mandatario colombiano indicó, según ese reporte, que si se frena la migración venezolana el problema sería mínimo.
Abogado especializado en derecho marítimo por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Mulino se impuso en las elecciones del 5 de mayo con más del 30% de los votos impulsado por el partido Realizando Metas del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien no pudo buscar un segundo mandato debido a que fue inhabilitado por el Tribunal Electoral tras confirmarse una condena en su contra por lavado de dinero. Martinelli está asilado en la embajada de Nicaragua desde inicios de febrero.
Mulino corrió sin candidato a la vicepresidencia, un hecho inédito, por lo que esa figura política estuvo ausente en el acto de juramentación el lunes.
A Mulino le esperan otros grandes desafíos, como impulsar prontamente una solución a la crisis de agua que compromete la futura operación del canal interoceánico y culminar el cierre de una mina de cobre que generó las mayores protestas en décadas en Panamá y cuyo cese de operación a fines del año pasado, además de impactar una economía que se contraería en 2024, dejó expuesto al país a demandas arbitrales cuantiosas. “Hay mucha incertidumbre alrededor” de esos temas, apuntó Shifter.
Al respecto, Mulino dijo que “las finanzas son preocupantes: en cinco años doblaron las deudas, en funcionamiento en vez de invertir en obras”. Se estima que la deuda actual del país centroamericano es de casi 50.000 millones de dólares.
