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La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, que preside el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), aprobó seis dictámenes, uno de ellos expide la Ley de Promoción al Consumo y Fomento a la Competitividad del Calzado Mexicano.
Los otros dictámenes son en materias de lenguaje de género, economía digital, código de conducta y fomento de una conducta empresarial responsable.
También, contemplar el lenguaje ciudadano en la Ley Federal de Competencia Económica, armonización del nombre de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Ley de Infraestructura de la Calidad, y a fin de expedir la Ley de Promoción al Consumo y Fomento a la Competitividad del Calzado Mexicano. Fueron enviados a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.
Ley sobre calzado mexicano
Por unanimidad de 28 votos a favor, aprobó el dictamen que expide la Ley de Promoción al Consumo y Fomento a la Competitividad del Calzado Mexicano, la cual será de orden público e interés general y tiene por objeto fomentar y promover la producción, comercialización, uso y consumo del calzado mexicano, y elevar la competitividad de su cadena productiva.
El diputado Román Cifuentes Negrete (PAN) explicó que la ley busca brindar un esquema de protección, acompañamiento y coordinación institucional de las dependencias relacionadas con la protección de la industria de la competitividad y la comercialización del calzado mexicano. Aclaró que el impacto presupuestal es mínimo.
Por el PRI, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal comentó que la propuesta busca resolver la corrupción en el Sistema Aduanal Mexicano y la entrada ilegal de calzado, que presentan precios irrisorios debido al contrabando de los grupos organizados. Apuntó que incluso si la Secretaría de Economía quisiera apoyar a este rubro con un arancel contra las exportaciones chinas dejaría de ser efectivo porque está sobrepasado por el tráfico ilegal del calzado.
Enrique Godínez del Río, diputado del PAN, mencionó que esta industria es importante a nivel local y mundial pues “me han tocado experiencias sobre marcas de renombre que nosotros trabajamos y que ven en la maquila de México una fuente importante de proveeduría del calzado para poder exportar, pero es lamentable que esté en peligro una industria con más de cien mil familias que viven de ella, por una competencia desleal”.
La diputada María de los Milagros Rodríguez Herrera (PAN) destacó que la ley pretende apoyar a las personas productoras de calzado y contempla escuchar sus necesidades y propuestas; además, empoderarlas a través de herramientas para favorecer su labor cotidiana y enfrentar los nuevos retos de la globalización.
Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, diputado del PRI, se congratuló por la Ley, ya que contribuirá a que esta actividad sea digna para quienes la trabajan y para que los inversionistas puedan competir con un mercado desleal. Añadió que su voto sería a favor, pues este dictamen beneficiará al sector productivo del calzado y a los artesanos del país.
A su vez, el diputado Inzunza Armas (PAN) consideró que México debe tener una estrategia como país que proteja no solo a los productores sino toda la cadena que depende de la industria, pues ha aportado por muchos años grandes beneficios, pero es lamentable que se pierdan empleos por la competencia desleal. “Hay que unirnos en una estrategia para defender esta industria que por años ha beneficiado y dado empleos”.
Carlos Noriega Romero, diputado de Morena, destacó la importancia de la industria del calzado porque genera empleos y el impacto que tiene en otras áreas de la actividad económica. Cuestionó si el instrumento adecuado para promoverla sería una nueva ley.
La diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz (Morena) se pronunció a favor porque atiende la competencia desleal que enfrenta este sector que integra a artesanos y productores de Jalisco, Guanajuato, Estado de México y el resto país, a fin de favorecerlos; no obstante, pidió tener cuidado en la parte de la certificación del calzado.
Reformas a la Ley de Cámaras Empresariales
Con 16 votos a favor, 10 en contra y una abstención, se aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para actualizar la denominación de la Ciudad de México y de las alcaldías, incluir el lenguaje de género y garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos.
El diputado Inzunza Armas consideró que, si bien se debió consultar a las cámaras empresariales, la instancia legislativa tiene la facultad para atender este tema y aclaró que el dictamen no toca para nada la composición de los Consejos u órganos directivos del sector empresarial.
A su vez, el diputado Noriega Romero (Morena) destacó la importancia de incluir el lenguaje de género como se ha hecho en otras normas. Propuso que en lugar de afiliadas y afiliados quede personas afiliadas, ya sean morales o físicas con actividad empresarial. Esa propuesta fue aceptada con 20 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones.
La diputada Polevnsky Gurwitz aclaró que la ley lo que afilia son empresas, no personas y que el dictamen es noble, porque plantea incluir el lenguaje de género, pero no es funcional la reserva en los organismos empresariales, por lo que el tema se debe analizar a fondo y consultar a las cámaras.
Por el PRI, el diputado Guajardo Villarreal externó su inquietud sobre la inclusión del principio de equidad de género en las direcciones; sin embargo, dijo que es vital incentivar la participación de las mujeres, pero sin imponer que los organismos estén obligados a tener 50 por ciento y 50 por ciento.
Otro dictamen, aprobado con 14 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, reforma el artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a fin de incluir como objeto de las cámaras la colaboración con las instancias de gobierno pertinentes, para la promoción e implementación de la economía digital de las empresas.
La Comisión avaló con 29 votos a favor y con cambios, el dictamen a la minuta que reforma la fracción XIV del artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a efecto de que las cámaras promuevan entre sus afiliados códigos de conducta que prevengan acciones de corrupción, así como el fomento de una conducta empresarial responsable en un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos.
Sobre el tema, el diputado Noriega Romero presentó reserva, para modificar el dictamen a la minuta, ya que aborda dos temas que no son propiamente responsabilidad de las cámaras, como son los derechos humanos y conductas anticompetitivas, esta última es responsabilidad de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La diputada Polevnsky Gurwitz indicó que el tema de derechos humanos compete a todas y todos, pues estamos obligados conforme lo marca el artículo primero de la Constitución Política, por lo que no vale la pena quitarlo como se propone. “Votaré a favor pese a que no se consultó a las cámaras, pero todo eso ya lo hacen, esto es una reiteración, el texto original es correcto”.
El dictamen que adicionaba el artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para que las Cámaras promovieran, orientarán e impartieran capacitación en materia de igualdad y no discriminación de acuerdo con la normatividad vigente, entre sus afiliados, no se aprobó, luego de que recibió 13 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones.
Del PRI, el diputado Guajardo Villarreal dijo que el propósito de la reforma era concientizar a las cámaras o instituciones a tener capacitación dentro de sus organizaciones y evitar la discriminación.
Lenguaje ciudadano
Se avaló con 28 votos a favor, el dictamen a la minuta que reforma el párrafo sexto del artículo 18 y se adiciona el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, relativo a la incorporación de la definición de lenguaje ciudadano.
Dicho lenguaje tendrá como propósito hacer uso de estructuras gramaticales que faciliten la comprensión y el conocimiento. Este enfoque prioriza la eliminación de barreras lingüísticas y la sustitución de tecnicismos o construcciones gramaticales complejas, con la finalidad de que los receptores del mensaje comprendan la esencia de la información, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, al publicarse la versión pública de las resoluciones de Pleno de la Cofece, se deberá incluir una carátula redactada en lenguaje ciudadano que contenga la descripción del asunto y el sentido del voto de cada uno de los comisionados, especificar en su caso los razonamientos emitidos en votos concurrentes o particulares por cada uno de los comisionados.
Armonizar normatividad
La instancia legislativa aprobó con 25 votos en pro, el dictamen que reforma los artículos 16 y 107 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, para armonizar y homologar la legislación respecto al cambio de nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con ello, asegurar coherencia, claridad y precisión.
Opinión en sentido negativo
La Comisión emitió con 18 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones, su opinión en sentido negativo, sobre la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de diputados integrantes del PRI y de diversos grupos parlamentarios, relativa a publicidad engañosa para niñas y niños. Se remitió a la Comisión de Salud para su dictamen y a la Mesa Directiva para su conocimiento.
Al respecto, el diputado Guajardo Villarreal (PRI) argumentó que la finalidad es disuadir el consumo excesivo de azucares y comida chatarra entre niñas y niños, restringir la comunicación y publicidad, ya que México es el país con el peor problema de diabetes y obesidad infantil, por lo que, la opinión debería ser a favor.
Por otra parte, las y los diputados avalaron por 25 votos a favor su primer informe semestral de actividades del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura. Se remitió a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y a la Mesa Directiva.
En asuntos generales, el diputado Cárdenas Monroy pidió hacer un esfuerzo hasta el día 31 de agosto que es cuando concluye el periodo constitucional como legisladores para hacer una revisión de la agenda legislativa y de las iniciativas pendientes de dictaminar, a fin de que una vez entregadas a la Mesa Directiva sean parte de la responsabilidad de la próxima Legislatura.
