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En la Universidad Politécnica de Quintana Roo, en Cancún, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables llevaron a cabo el Foro de Diálogo Estatal, para analizar las reformas en materia de bienestar orientadas a personas con discapacidad, consideradas en las 20 iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo y otras más.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Gabriela Sodi (PRD), explicó que en este encuentro se analiza la iniciativa de reforma al 4º Constitucional para establecer que la federación y los estados garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Asimismo, establece que el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, en donde la prioridad serán las menores de 18 años y reduce la edad para recibir la pensión no contributiva de las personas adultas mayores a los 65 años.
“Nuestro país ha avanzado legislativamente en la promoción, implantación e implementación de ordenamientos que aseguren la inclusión plena de las personas con discapacidad”, afirmó la legisladora.
Por su parte, la diputada María Clemente García Moreno (Morena), secretaria de dicha Comisión, dijo que es importante analizar estas reformas sobre todo en el tema de bienestar en los ejes de discapacidad y la adultez mayor. “Me emociona analizarlo porque puede llegar a ser muy positivo; ustedes me dicen: ‘¿y la población trans qué tiene que ver?’, pues envejecemos y llegamos a ser discapacitados”.
Agregó que es necesario que en el DIF municipal “Benito Juárez”, las personas trans que tienen lesiones por recurrir a las cirugías y procedimientos para afirmar su identidad de género, puedan ser atendidas con dignidad, respeto e incluidas a la sociedad.
Manuel Alfredo Pech Palacio, rector de la Universidad Politécnica, comentó que los grupos vulnerables, debido al menosprecio de alguna condición física, prejuicio social o alguna situación histórica, son afectados en el disfrute de sus derechos fundamentales; por ello, refrendó su compromiso de colaboración mediante trabajo y conocimiento.
Marisol Sendo Rodríguez, directora del DIF municipal “Benito Juárez” de Quintana Roo, señaló que los tres niveles de gobierno deben trabajar en sintonía y coordinación para hacer valer los derechos de los grupos vulnerables y buscar su desarrollo integral desde una perspectiva de derechos humanos. “Son importantes estas mesas de diálogo para conocer de estos sectores sociales, sus necesidades y así implementar políticas públicas y reformas constitucionales”.
Perla Aguilar Lara, directora general del Instituto de Economía Social y Solidaria de ese estado, aseguró que la inclusión de las personas vulnerables va más allá de la buena voluntad, ya que es una primicia inherente a los derechos humanos consagrados en la Carta Magna, por lo que esta oportunidad de analizar las reformas es una diferencia al hacer público el debate.
Miguel Ángel Medina Cortázar, subsecretario de Educación Zona Norte, Quintana Roo, destacó que en esta entidad la atención a la población en desventaja es prioridad, por lo que las autoridades continuarán con acciones concretas que garanticen una educación segura al interior de los planteles y salvaguardar los derechos humanos de esta población.
Participación de ponentes
La diputada Catalina Díaz Vilchis (Morena) explicó que con la reforma planteada se amplía el universo de beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y Adultos Mayores; además, habrá un proceso de capacitación para que adquieran nuevas aptitudes, habilidades, conocimientos que les permita una mayor independencia y rehabilitación.
Señaló que, según datos del Inegi, hay alrededor de seis millones de personas con discapacidad en México. Indicó que desde que se implementó en el 2019 la Pensión para Personas Adultas Mayores, a la fecha ha tenido un incremento del 261 por ciento.
La diputada Luz Adriana Candelario Figueroa (Morena) manifestó que este foro es de suma importancia porque las reformas nacen de lo que necesita el pueblo y es necesario escuchar sus necesidades para poder elaborar o cambiar una ley.
Comentó que esta reforma enviada por el Ejecutivo Federal es importante ya que pretende reformar dos artículos el 4 y el 27 constitucional y tiene por objetivo que las personas menores de 65 años que viven con discapacidad tengan el derecho de recibir una pensión no contributiva.
Lola Delgadillo Vargas, médica activista y vocera de la Ley General Trans, cuestionó cuánta gente quedó con discapacidad posterior a la pandemia y lamentó que les nieguen el certificado de persona con discapacidad a las y los trabajadores sexuales por el solo hecho de que se dedican a esa actividad.
La académica Guadalupe Pérez Ricárdez aseguró que los derechos de las personas adultas mayores no son letra muerta, pues están en gestión, por lo que llevarán un tiempo en lograrse. Lamentó la discriminación que vive este sector de la población, especialmente quienes tienen alguna discapacidad.
Jesús Toledano Landeros, exdirector del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), mencionó que más del 50 por ciento de la población con discapacidad son personas mayores de 60 años que el Estado debe atender a través de un modelo institucional.
El investigador Juan Barajas Godínez comentó que las escuelas de educación especial no son suficientes para todas las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, por lo que es necesario impulsar acciones e incorporarlas al programa La Escuela es Nuestra.
A su vez, Rocío Ruiz López, representante del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, advirtió que México enfrenta un proceso de envejecimiento poblacional acelerado, pues este sector ya representa a un 14 por ciento del total y para 2030 será el 25 por ciento de las y los mexicanos.
