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En la cuarta sesión del “Ciclo de conversatorios sobre legislación y bioética”, convocado por la Comisión de Salud, diputado, especialistas y académicos abordaron el tema “Autonomía progresiva y derechos sexuales y reproductivos”.
El presidente de la instancia legislativa, diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), destacó el compromiso de las y los legisladores por atender los temas que demanda la sociedad, a través de la aprobación de dictámenes y fortaleciendo el diálogo, como es este cuarto conversatorio.
Indicó que los conversatorios no son exclusivos de la Cámara de Diputados, de ahí que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha hecho suya esa perspectiva y colabore para atender una materia interdisciplinaria que analiza diferentes enfoques.
Aplaudió que en la casa del pueblo se discuta este tema, dado que es primera vez que se analiza con seriedad y objetividad, lo cual permite avanzar en la legislación sobre bioética. “No hay duda que el conversatorio busca examinar las problemáticas contemporáneas que tienen raíces bioéticas e implicaciones que deben pensarse”.
Necesario, impulsar la transversalidad de la educación sexual
En su ponencia “Autonomía progresiva y derechos sexuales reproductivos”, Bianca Fernanda Vargas Escamilla, consultora independiente en derechos y salud sexual y reproductiva, consideró necesario que la bioética y los derechos humanos respondan a temas como la violencia sexual en las niñas, niños y adolescentes, así como armonizar las leyes para que den certeza a los especialistas en el ramo jurídico, de salud y educación.
Resaltó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registran más de nueve mil embarazos adolescentes entre 15 y 19 años y más de mil en niñas menores de 15 años. Por ello, agregó, es fundamental que el quehacer legislativo se enfoque en actualizar y armonizar las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Salud y de Educación, a fin de impulsar la educación sexual y la interrelación de las instituciones para abordar estas problemáticas.
Explicó que impulsar la autonomía progresiva y el consentimiento respecto a la atención a la salud, permite que se diseñe una transversalidad en la educación sexual, lo cual no sólo previene embarazos, sino formas de violencia; asimismo, promueve relaciones asertivas, empáticas y saludables en la población.
Dijo que los derechos sexuales separados de los derechos reproductivos son importantes en la población adolescente, ya que contribuye a abordar el inicio de la vida sexual sin fines reproductivos y con ello se aplaza el primer embarazo; además, se logra vincular políticas públicas como la prevención del embarazo, erradicar nacimientos en niñas menores de 15 años, impulsar la salud sexual y reproductiva, detección de VIH, acceso a métodos anticonceptivos y servicios a aborto seguro.
Actualizar el reglamento de investigación para la salud
El catedrático Jorge Alberto Álvarez Díaz, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expresó que hace falta que el término bioética sea visibilizado por la sociedad, y expuso que la Ley General de Salud es de 1984 y el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud data de 1987, pero entre 2011 y 2014 tuvo unos retoques debido a que se abrieron comités de bioética.
Indicó que en el artículo 43 de esa reglamentación sobre la investigación con mujeres embarazadas se dice que, para realizar estos estudios durante el trabajo de parto, puerperio y lactancia, en nacimientos vivos o muertos, de la utilización de embriones, óbito o fetos en la fertilización asistida, se requiere obtener la carta de consentimiento informado de la mujer y de su cónyuge o concubinato. Es decir, dijo, no se puede hacer la investigación si el marido no le da permiso o el señor con el que está viviendo. “Eso me parece una aberración; se deben tomar cartas para eliminarlo, ya que queda en duda la autonomía de la mujer adulta”.
Aunado a ello, relató que el reglamento expone que el consentimiento del cónyuge solo podrá dispensarse en caso de incapacidad o imposibilidad fehaciente o manifiesta de proporcionarlo, porque no se haga cargo de la mujer o cuando exista riesgo eminente de la salud o vida de la mujer, embrión, feto o recién nacido. “Eso se debe modificar, corregir y revisar desde el ámbito legislativo”.
Destacó que en las redes sociales se está viendo un fenómeno que no es educación, sino una hipersexualización e hipererotización que no corresponde al desarrollo psicosexual de las infancias y adolescencias.
