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La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presidida por el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), se reunió con auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, con motivo del análisis del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior y la tercera entrega del informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022.
El diputado Angulo Briceño señaló que hoy concluye una serie de reuniones de trabajo con los principales servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, respecto a la Cuenta Pública 2022, que corresponde al cuarto año del Gobierno Federal, así como al periodo respectivo de las gestiones de los gobiernos de las entidades federativas, municipios y de los entes que ejercen recurso público federal.
Afirmó que la fiscalización de los recursos públicos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y este tipo de encuentros sirven para conocer a detalle la labor que realiza el ente fiscalizador, quien es el principal responsable de cuidar los recursos públicos.
Estimó que la presencia del auditor superior de la Federación y de los auditores especiales da muestra del ánimo de colaboración entre el ente fiscalizador y la Cámara de Diputados, “lo cual se debe traducir en un intercambio de visiones que abone a fortalecer el combate a la corrupción, pues de una correcta fiscalización de los recursos públicos depende alejar todo tipo de vicios de corrupción en la administración pública en todos sus niveles” y, con ello, permitir que los recursos destinados cumplan con sus objetivos.
“Hoy las y los diputados acudimos a ejercer la facultad soberana de evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, quienes encuentran un insumo fundamental para llevar a cabo la colaboración con la Unidad de Evaluación y Control en el análisis respectivo y contar con datos objetivos para calificar el desempeño del ente fiscalizador”, puntualizó.
Participación de diputadas y diputados
El diputado Azael Santiago Chepi, de Morena, apuntó que la información brindada por la ASF permite tener los fundamentos para dar respuesta a las preguntas de la ciudadanía; no obstante, planteó la necesidad de mejorar los procedimientos administrativos o penales con el fin de fortalecer y eficientar la fiscalización en el país. Asimismo, estimó necesario conocer el estatus real de las cuentas públicas 2014-2017, las cuales se declararon como concluidas, pero al revisar el sistema público de consultas de la ASF se observa que existen mil 612 acciones relativas a 2016 y mil 555 acciones a 2017.
En tanto, la diputada Inés Parra Juárez (Morena) señaló que en el periodo de gestión del auditor Colmenares Paramo se ha tenido una tendencia a la baja en la presentación de denuncias de hechos y “en el aplazamiento amañado de los pliegos de observaciones insolventables”, por lo que, sostuvo, ha sido improductivo.
La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) expresó que la ASF se ha convertido en un ente que se ha dedicado a esconder y solapar actos de corrupción. Afirmó que el hecho de que casi 8 mil millones de pesos aún estén sin aclararse en las cuentas públicas 2019, 2020 y 2021 sugiere una posible falta de equidad en el tratamiento de las entidades auditadas.
También del PAN, el diputado René Figueroa Reyes mencionó que de acuerdo con lo señalado en el informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, específicamente en la auditoría de desempeño de la Comisión Nacional del Agua, el otorgamiento de nuevas concesiones y asignaciones se sustenta en acuerdos y decretos de zonas de veda de los años 50, 60 y 80, por lo que preguntó ¿cuáles son las acciones que acordó con Conagua para subsanar dicha situación?
A su vez, la diputada Maribel Martínez Ruiz, del PT, indicó que la fiscalización en las instituciones públicas promueve la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual abona al combate a la corrupción y evalúa el desempeño del gobierno en el uso de los recursos. Por ello, consideró necesario conocer si los procesos de auditorías de 2019-2022 han mejorado en esta materia tomando en cuenta que hay devolución de recursos de diversas entidades gubernamentales y acciones que se impulsan para su prevención.
Intervención del auditor superior de la Federación
El auditor David Rogelio Colmenares Páramo explicó que en las tres etapas de revisión de la Cuenta Pública 2022 se auditaron 313 entes de la Administración Pública Federal que representan más del 50 por ciento del total, dos empresas productivas del Estado y 16 organismos autónomos. Por el lado de las auditorías del gasto federalizado, dijo, se practicaron 615 auditorías a las entidades federativas y al gobierno de la Ciudad de México, 930 municipios y las alcaldías de la Ciudad, 123 instituciones de educación superior locales y otras 72 entidades, así como organismos autónomos.
Precisó que, en cuanto a desempeño, se realizaron en total 112 auditorías, de las cuales 107 fueron de desempeño y cinco relativas a la gobernanza y control interno. Del total, 26 auditorías correspondieron a la finalidad de gobierno, 52 a desarrollo social y 34 se asociaron a desarrollo económico. Al respecto, se generaron 299 recomendaciones al desempeño.
Detalló que en la revisión de dicha Cuenta se llevaron a cabo 279 auditorías de cumplimiento financiero que, desglosadas por grupo funcional, fueron: 129 de desarrollo económico, 62 de gobierno y 88 de desarrollo social. El universo seleccionado ascendió a más de 13 mil 743 millones de pesos, con una muestra auditada de prácticamente superior a la mitad.
Indicó que, en cuanto a auditorías financieras, destacan por monto observado las revisiones a los inventarios de materiales de Pemex Logística, el Programa Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural en la atención del Huracán Ágata en Oaxaca y al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro; a la Universidad Autónoma de Chapingo, a Conahcyt y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
Respecto a auditorías de inversiones públicas federales, dijo, se efectuaron 110 auditorías de inversiones físicas federales, las cuales totalizaron recursos fiscalizados por 252 mil 184.7 millones de pesos. Se observaron 2,822.6 millones de pesos y se recuperaron 675.7 millones de pesos, respectivamente.
En cuanto a las auditorías de TIC, ciberseguridad y telecomunicaciones, mencionó que se llevaron a cabo 18 que totalizaron recursos fiscalizados por 21 mil 283 millones de pesos con una muestra revisada muy alta, lo que representó el 44 por ciento de alcance. Al respecto, se observaron 297 millones de pesos.
Colmenares Páramo señaló que en el ejercicio 2022 el gasto federalizado ascendió a más de 2 billones de pesos, de los cuales más de un billón, específicamente el 52.4 por ciento, correspondieron a las transferencias condicionadas o gasto federalizado programable.
Resaltó que, como resultado de las mil 762 auditorías a los recursos de origen federal, se observó un monto por aclarar de 22,892.1 millones de pesos. En cuanto a gobiernos estatales, los montos por aclarar superaron los mil 300 millones de pesos. Respecto a las universidades públicas estatales (UEP) se determinaron mil 732 millones de pesos por aclarar, siendo los casos con mayor monto las universidades de Coahuila, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León y Chiapas.
También, añadió, se efectuaron 12 auditorías de cumplimiento forense orientadas a la fiscalización de recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales. Se detectaron, de manera recurrente, incumplimientos asociados a pagos realizados sin acreditar la entrega de bienes o servicios, colusión entre proveedores, alteración de documentos, sobreprecios en la compra de bienes y servicios, falta de aplicación de penas convencionales, pagos en exceso o improcedentes, y proveedores o contratistas subcontratados cuando el contrato lo prohibía, entre otros.
Destacó que como resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022 al gasto federalizado se logró que las entidades fiscalizadas reintegraran, durante el proceso de fiscalización, recursos por 3 mil 128 millones de pesos, importe histórico que equivale al 142 por ciento de los recursos con los que contó la ASF; es decir, que por cada peso asignado al máximo órgano de fiscalización en 2022 éste recuperó para la Federación 1.2 pesos.
Con relación al estatus que guardan las acciones, el funcionario detalló que en la Cuenta Pública 2016 hay 487 expedientes de presunta responsabilidad administrativa con mil 301 presuntos responsables, mientras que en la Cuenta Pública 2017 aún están en proceso de atención en el área de la Dirección General de Investigación 178 expedientes con 449 presuntos responsables.
Por su parte, el director general de Auditoría del Desempeño al Desarrollo Económico, Hugo Tulio Félix Climaco, mencionó que respecto al desempeño en la gestión de las concesiones y asignaciones del agua, con la auditoría se identificó la necesidad de que la Conagua realice estudios técnicos para verificar los acuerdos y decretos en zonas de veda.
Afirmó que en la auditoría se encontró que hay decretos y acuerdos de los años 50 y 70 que hacen necesario actualizar esa información para saber qué tanto se está explotando el manto acuífero en determinadas cuencas.
