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La diputada María Macarena Chávez Flores (PRD) promueve reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de auxilio a las víctimas de secuestro, para establecer que el Ministerio Público, en la solicitud que haga a la autoridad judicial para una orden de cateo de un domicilio o propiedad privada, también deberá señalar a la o las personas que han de “auxiliarse o” aprenderse.
En la exposición de motivos, la legisladora subraya que las modificaciones a los artículos 282 y 283, fracción III de dicho ordenamiento resultan necesarias “con la intención de cubrir y proteger a las víctimas de secuestro o de violencia intrafamiliar, asegurando que las órdenes de cateo contarán con un respaldo mayor desde la Constitución y desde la ley secundaria, en este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para evitar impunidad por lagunas en el marco jurídico mexicano”.
Señala que esta iniciativa tiene la intención de evitar antinomias (contradicción entre dos preceptos legales) o lagunas en las normas mexicanas, ya que las últimas reformas a la Carta Magna han generado contradicciones y vacíos.
Refiere que el secuestro es un delito que lacera a la sociedad, pues la violencia y crueldad con el que se realiza provocan secuelas irreversibles entre las víctimas y sus familias, además de ser el hecho que conlleva a cometer otros ilícitos, convirtiéndose en una industria lucrativa ante la falta de una estrategia de seguridad pública nacional.
Precisa que en los países pobres en los que los gobernantes no cubren las expectativas de su población en materia de seguridad, el secuestro es una industria lucrativa.
En México, agrega, las bandas dedicadas a la privación de personas van en aumento y actúan con total impunidad, por lo que menos del cinco por ciento de los delincuentes son presentados ante un juez.
Subraya que, de acuerdo con informes de las propias autoridades, el secuestro ha llegado a ser un delito tan fácil de perpetrar que personas no profesionales planean, ejecutan y cobran los rescates haciendo más difícil la prevención, pues hay mucho campo por cubrir por parte de las autoridades en seguridad.
En este contexto, asegura que la ausencia de una estrategia de seguridad pública nacional ha exacerbado el problema, por lo que se requiere que las órdenes de cateo sean más precisas, con el objeto de cubrir y proteger a las víctimas de secuestro o violencia intrafamiliar.
