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Este lunes, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el parlamento abierto “Análisis de la iniciativa que expide la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres”, con el objetivo de recibir opiniones y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y privados, así como de la ciudadanía en general, para fortalecer la reforma presentada por el Ejecutivo Federal.
La presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, diputada Ana María Balderas Trejo (PAN), resaltó que el parlamento abierto es un ejercicio democrático y las y los diputados que integran esa instancia “prestaremos la debida atención a su voz, experiencia, necesidades e inquietudes, a fin de disponer de mayores y mejores elementos de juicio para dictaminar la iniciativa”.
Precisó que este parlamento marca una importante etapa y es un parteaguas en la forma en que “las y los diputados debemos cumplir con la responsabilidad constitucional e institucional de hacer y modificar leyes que beneficien a la ciudadanía en general”.
La protección civil gestiona y coordina las acciones destinadas a proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, por lo que “compartimos la preocupación para que salga pronto esta ley, pero bien hecha”, puntualizó.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), confió en que realmente se considere la representación a nivel nacional del cuerpo de bomberos porque, agregó, aunque no es su función, hoy coadyuva y coordina temas de seguridad; “hoy apagan incendios de vehículos, de algún centro comercial o locales comerciales. Ojalá los consideren para que en algún apartado sean tomados en cuenta”.
Del PT, la diputada Maribel Martínez Ruiz consideró que el proyecto recoge la normativa integral y fortalece la política de protección civil, consolida a las instancias encargadas, así como la participación solidaria de la sociedad. “Buscamos que sea una ley que responda a las emergencias y, sobre todo, las prevenga”.
De Morena, el diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza señaló que la iniciativa reconoce la necesidad de implementar políticas que coordinen efectivamente los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil y de gestión de riesgo, así como generar mecanismos eficaces y transparentes acordes a los principios de honestidad, honradez y austeridad.
El diputado Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM) dijo que urge sacar adelante esta ley porque fenómenos como el huracán Otis son el antecedente de lo que seguirá sucediendo; por ello, “debemos estar preparados”. Señaló que las y los legisladores deberán ser corresponsables en la construcción de la ley y que cada municipio tenga cuerpos de bomberos, protección civil y paramédicos.
Vía plataforma digital, la diputada Fabiola Rafael Dircio (PRD) llamó a comprometerse para llevar por buen cauce la actualización de los Atlas de Riesgo, mismos que deben ser la columna vertebral de esta Ley. Consideró que la iniciativa debe incluir temas como capacitación en materia de protección civil en los tres órdenes de gobierno.
Participación de ponentes
Vía digital, Wilmer Antonio López Molina, de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, indicó que en la iniciativa de ley se describen algunas amenazas antrópicas, pero no se plasma el apoyo a programas para atender este tipo de amenazas en los que no aplicaría la responsabilidad civil.
En tanto, el presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, José Rafael Pérez Vargas, consideró que la propuesta del Ejecutivo no mejora la visión de la Ley General actual, ya que su objeto sigue siendo la protección civil y no la gestión integral del riesgo de desastre.
Naxhelli Ruíz Rivera, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), manifestó que en la iniciativa hay limitaciones presupuestales porque está diseñada para la atención de eventos recurrentes, no para catástrofes.
Del Colegio de la Frontera Norte, Juan Manuel Rodríguez Esteves, solicitó que en el tema presupuestal se incluya al nivel municipal con sus salvedades y darle más atribuciones y responsabilidad sobre sus capacidades en la gestión de recursos. Asimismo, se debe especificar que la incorporación de la gestión de riesgo también es responsabilidad del municipio.
Lyndsay Garnica, abogada especialista en Siniestros y Derecho de Desastres, refirió que en países adelantados ya hablan del derecho de desastres, y recordó que desde 2011 en México se reconoció el derecho humano a ser indemnizado y reparado en los daños.
De la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Carlos Omar Jiménez Palacios respaldó la iniciativa porque representa un avance en términos de regulación de gestión integral de riesgos y protección civil. “Es importante que la ley se armonice a nivel nacional, se alinee a la prioridad de comprender mejor el riesgo de desastres y garantizar que promueva en los estados la corresponsabilidad”.
Marco Antonio Sánchez Guerrero, por la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, pidió definir los conceptos, el glosario, funciones, atribuciones y responsabilidades de lo que hace cada una de las instituciones y, en este caso, los departamentos de bomberos, así como reconocer a estos como un servicio profesional de alta especialización.
Juan Estrada Miranda, en representación de la Cruz Roja Mexicana, apuntó que sobre la recepción de donativos “pareciera que efectivamente nos está restringiendo”, por lo que planteó incluir a las personas morales no donatarias autorizadas que deseen colaborar con la captación de donaciones en especie.
De la Asociación de Posgraduados en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Escuela Nacional de Protección Civil, A.C., Roberto Guadalupe Cañas Pozos aseguró que la iniciativa no establece criterios reales para contratar seguros, montos de cobertura mínima necesaria, ni especificaciones para cada estado. Propuso la creación de una secretaría de Estado para la gestión de riesgo.
Del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, Juan José Hernández López pidió hacer obligatorio el uso de los Atlas de Riesgo y que todos los estados lo actualicen. Solicitó considerar los planes o programas de desarrollo urbano, los indicadores de cambio climático, planeación urbana y rural, así como la regulación del uso de suelo.
Gabriel Arturo Fragoso Aguirre, de la empresa SHEICA FIRE, recomendó potenciar la participación de la ciudadanía y las comunidades, que en los planes de estudio a nivel básico e intermedio se impartan materias relacionadas a la gestión integral de riesgo y que todos los niveles relacionales en la materia estén conectados entre sí.
José Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro, enfatizó que la iniciativa no tiene claridad con respecto a la naturaleza del propósito y la responsabilidad de los programas especiales de protección civil.
Vía zoom, Graciela Socorro Rodríguez Pensamiento, de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca, expresó que la iniciativa se enfoca cien por ciento a la protección civil y no existe el desarrollo de las diferentes etapas que contiene la gestión integral de riesgos.
Alfredo Monterrosas Jiménez, del Instituto de Investigaciones y de Estudios sobre Alertas y Riesgos A.C., planteó integrar en el tema de sistemas de alertamiento temprano, mecanismos y herramientas que promueven la información clara, oportuna y confiable, adaptada para las personas, para que sepan qué sucede y qué hacer.
Juan Manuel López Hernández, de la Junta Nacional de Bomberos, A.C., mencionó que el auxilio carece de presupuesto y depende de donativos y participaciones. Resaltó que se debe garantizar que la capacidad de respuesta tenga los recursos, tecnología y medios suficientes y adecuados ante situaciones de emergencia.
Mauro Cruz Sánchez, de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca, externó que durante años se descuidó este tema, por lo que sólo se es reactivo y se destinan recursos en las emergencias. Propuso inculcar la prevención desde la escuela y la casa, y que municipios y entidades cuenten con un seguro catastrófico.
Elizabeth Hernández Borges, coordinadora de Protección Civil del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sugirió establecer en la nueva ley que la infraestructura hospitalaria y administrativa del sector salud federal sea de vigilancia de ese orden de gobierno.
Ana Laura Uribe Villareal, de Safety & Security Intelligent Solutions, expuso que a nivel local se requiere promover la vinculación entre entidades federativas y municipios con organizaciones sociales y privadas con miras a reforzar acciones que ayuden a reducir la vulnerabilidad en zonas con más amenazas y de rezago social.
Romeo Palacios Suárez, de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia, consideró necesario establecer una definición clara de conceptos fundamentales de riesgo, peligro y vulnerabilidad, para permearlos y homologarlos en las legislaciones estatales.
Ricardo Gehrke Portilla, por la Federación Mexicana de Colegio Ingenieros Civiles, estimó que la nueva ley debe estructurarse para desarrollar la cultura de la prevención, a través de la gestión integral de riesgos. “La prevención siempre nos va a salir más económica que componer o arreglar las cosas”.
De la Sociedad de Energía y Medio Ambiente de la UNAM, Daniel Armando Hernández Lemus, indicó que en materia financiera se ha dejado de lado el financiamiento para el desarrollo, por lo que planteó la importancia de impulsarlo y lograr una reducción del riesgo de desastres.
Jesús Guillermo Moreno Ríos, presidente del Consejo de INCIDE A.C., pidió promover la participación activa de ingenieros en la planificación y construcción de estructuras resistentes a desastres naturales y ofrecer capacitación especializada en la gestión de riesgos a los gobiernos municipal, estatal y federal.
Vía digital, Lino Enrique Sosa Rebolledo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, destacó la necesidad de incorporar un capítulo específico de protección civil y gestión de riesgos con siete artículos y, de esta forma, dar certeza jurídica a los actos de autoridad de las coordinaciones nacionales, estatales y municipales de protección civil.
