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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este viernes a la ONU de ser «sectaria» y «tendenciosa» porque el organismo criticó el rol del Ejército en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
“La misma ONU actúa de manera sectaria, parcial, tedenciosa. Se los fui a decir, cuando estuve en Nueva York (en 2021), que sólo se pronuncian cuando se trata de afectar a Gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina.
López Obrador respondió al pronunciamiento de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que lamentó este jueves la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero en 2014.
La ONU-DH celebró el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el martes pasado presentó su último informe sobre el caso, en el que señala la resistencia del Ejército a entregar información acerca de su participación en el caso.
Pero el mandatario contestó que “no es cierto, es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento, en general no tienen razón. Es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas”.
También acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la ONU de actuar «solo en función de los intereses que representan, que no son los intereses del pueblo”.
“Lo que sucede es que hay una tendencia a culpar a las instituciones, en este caso, al Ejército mexicano, sin pruebas, sin elementos. Estamos avanzando y se les olvida también que el Ejército mexicano es un Ejército surgido de un movimiento revolucionario y es parte de nuestro pueblo”, remarcó López Obrador.
La polémica sobre la actuación de las Fuerzas Armadas ha crecido desde el informe del GIEI, que salió de México por no encontrar condiciones para continuar con la investigación.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes en septiembre de 2014 y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un basurero.
Sin embargo, el GIEI derribó esta versión y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas.
López Obrador, quien prometió en su campaña electoral resolver el caso, defendió que su Gobierno ha actuado, con más de 100 detenidos, incluyendo al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam (2012-2015) y dos generales.
XEU
