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Un nuevo intento en Colombia por cesar la persecución penal contra los pequeños cultivadores de hoja de coca aterrizó el martes en el Congreso, donde propuestas parecidas no han prosperado en el pasado ante la resistencia que produce entre algunos congresistas la idea de terminar beneficiando por esa vía al narcotráfico.
El autor del proyecto de ley, Diógenes Quintero, aseguró a The Associated Press que buscan la extinción de la acción penal para los pequeños cultivadores de hoja de coca, lo que en la práctica consiste en “dejar de perseguirlo y criminalizarlo, es decir, cultivar coca en pequeñas proporciones deja de ser un delito en Colombia para los pequeños cultivadores”.
El tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de hoja de coca -materia prima de la cocaína- está contemplado en el acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a cinco décadas de confrontaciones.
Según el acuerdo de paz, las personas que cultivan hacen parte de los “eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico”, por lo que se plantea dicho tratamiento diferenciado.
Quintero, que llegó al Congreso en representación de las víctimas del conflicto armado, reconoce que políticamente es un reto grande en el Congreso sacar adelante el proyecto de ley —que requiere ser aprobado en cuatro debates— por lo que busca apoyos de los partidos políticos y está en conversaciones con el gobierno.
Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país, está modificando la estrategia antinarcóticos y ha propuesto dejar de perseguir a los pequeños cultivadores de hoja de coca y concentrar los esfuerzos de la fuerza pública en los grandes narcotraficantes y el lavado de activos. Además, priorizar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos sobre la erradicación forzada que hacen las fuerzas armadas.
Para obtener el beneficio por única vez, el proyecto de ley propone que el pequeño cultivador de hoja de coca se acoja a los programas de sustitución de cultivos ilícitos —creados por el acuerdo de paz— en los que reciben apoyo estatal para abandonar la coca y emprender proyectos productivos legales. No obstante, perdería los beneficios en caso de que incurra nuevamente y cultive, conserve o financie plantas de las que puedan producirse sustancias ilícitas.
Anteriores proyectos de ley que buscaban un tratamiento penal diferenciado han generado gran debate sobre la definición de “pequeño cultivador”, es decir, cuántas hectáreas de hoja de coca puede tener una persona sin que sea judicializada.
Actualmente, Colombia registra una cifra récord de 204.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, según el informe de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
Un proyecto presentado en el 2018 proponía que fuesen 1,7 hectáreas. Sin embargo, en el proyecto de Quintero el área máxima de cultivo permitida sería definida cada año por el estatal Consejo Nacional de Estupefacientes.
“El pequeño cultivador no solo siembra coca, sino que la procesa y saca la pasta”, advierte Quintero, por lo que propone que en cada caso particular en el que el campesino sea capturado por otros delitos como tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos pueda tener la posibilidad de demostrar la conexión de ese delito con su calidad de pequeño cultivador.
“Por ejemplo, un campesino que es capturado en una zona rural con un kilo de pasta base de coca que llevaba a vender, no es un narcotraficante, es un campesino que vive de la coca. Si demuestra que es un pequeño cultivador, se le aplicaría el beneficio”, indicó el representante a la Cámara.
Fuente: AP
