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La diputada local Gladys Merlín Castro presentó al pleno legislativo un anteproyecto de punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los 212 ayuntamientos del estado a que, mediante acciones oportunas y eficaces, den cumplimiento puntual a las atribuciones que les confiere la Ley General de Víctimas.
En la propuesta, enviada a la Junta de Coordinación Política para su análisis respectivo, se expone que la Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, es un conjunto de disposiciones enfocadas a garantizar a las víctimas la atención que requieren.
En Veracruz, sostuvo la legisladora local, por iniciativa del gobernador Javier Duarte de Ochoa, se creó la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, colocando a la entidad como punta de lanza en esta materia.
La diputada Merlín Castro recordó que la Ley de Víctimas obliga a los tres poderes de gobierno a cumplir con este mandato que establece y coordina las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.
Así también, implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral.
Por ello, agregó, esta propuesta tiene como principal interés exhortar a los 212 gobiernos municipales del estado a tomar en consideración las atribuciones que les señala la Ley General de Víctimas en sus artículos 113 y 119, y así coadyuvar los distintos órdenes de gobierno para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.
La representante popular por el Distrito XXVII de Cosoleacaque indicó que es fundamental que desde los ayuntamientos se implementen acciones oportunas y eficaces para darles certidumbre de que, a pesar del sufrimiento que vivieron y los convirtió en víctimas, tengan la certeza que en todos los niveles de gobierno se les proporciona la protección constitucional, legal e institucional.
Fuente: Legisver
