El hostigamiento a los ejidatarios de la comunidad de Alpopoca en el municipio de Ixtaczoquitlán por parte de funcionarios municipales y de la Procuraduría Agraria para que den sus terrenos para la construcción del periférico continúa, denunció Adriana Chávez del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

Dijo que han acudido ante las instancias federales pero no han tenido respuesta a sus demandas de exigir el respeto a las comunidades indígenas de Ixtac, donde los ejidatarios tienen sus predios y buscan expropiarlos por lograr un proyecto caprichoso.

“Nos están engañando por eso no han atendido nuestras exigencias, tiene más de 4 meses que giramos un documento en específico una denuncia a cerca de este proyecto periférico y hasta la fecha no hay una respuesta por escrito”.

Aseguró que: “la autoridad federal está mintiendo, han evadido esa responsabilidad de dar una respuesta por escrito y el hostigamiento a las personas continúa por medio del secretario del Ayuntamiento, por medio de los comisariados ejidales, por medio del terrorismo de Estado que aplica el gobierno”.

Dijo que hay amenazas de parte de los representantes de la empresa y lo hacen sólo para poder realizar el proyecto del periférico.

Cabe decir que el proyecto del Periférico Córdoba-Orizaba que pretende construirse como una autopista de 4 carriles en una primera instancia y 8 en una segunda etapa, es impulsado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con las autoridades políticas del ayuntamiento de Ixtaczoquitlán.

Las comunidades de Alpopoca y Ex Hacienda de Tuxpango ubicadas en el Valle de Tuxpango son dos de las comunidades que se verían más afectadas con la construcción del Periférico. La primera porción de la construcción, entre Maltrata y Jalapilla, en el municipio Rafael Delgado, implicaría la ampliación de una autopista ya existente, que hoy tiene 2 carriles. El problema es con la construcción del segundo tramo, que uniría Jalapilla con Amatlán, para entroncar en Córdoba donde los 8 carriles que proyectan construir atravesarían cuerpos de agua, cerros y los propios pueblos.

El Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, emitió un comunicado expresando su preocupación por la intromisión de la empresa en el terreno comunitario, con la avanzada en los terrenos de Xochicuautla, en el estado de México como antecedente, y la violencia sistemática que se vive en el estado de Veracruz como telón de fondo.

“Nos preocupa que las autoridades mencionadas y la empresa a cargo de las obras, realicen acciones que violenten los derechos de los pueblos originarios y comunidades equiparables: derecho a la información, derecho a la consulta, a la organización y participación, al agua, al medio ambiente sano y a la defensa de sus tierras y territorios.”

Es por eso que exigen “el cese de la invasión y el allanamiento al territorio de la comunidad de Alpopoca y de las comunidades del Valle de Tuxpango; que se informe a la población del Valle de cualquier proyecto que se pretenda realizar en sus tierras y territorio y que se respeten las decisiones que las comunidades tomen bajo sus formas de organización propias.”

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