El representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Rodolfo Manuel Domínguez, señaló que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación mandata al estado de Veracruz “la inmediata despenalización del aborto”, debido a la legislación represiva contra los derechos humanos.

“Es un informe histórico porque es la primera vez que el estado mexicano a través de la Secretaría de Gobernación reconoce el problema de grave discriminación y el problema de la violación de los derechos humanos que están enfrentado no solo las niñas y mujeres veracruzanas sino todas las mujeres mexicanas”.

Lo anterior, luego de las conclusiones del equipo de trabajo de la Conavim referentes a las solicitudes de colectivos para emitir en Veracruz una alerta de género por agravios comparados.

“Este primer informe es el primero que se realiza para evidenciar un agravio comparado y que fue realizado con los más altos estándares en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, particularme en materia de derechos sexuales y reproductivos y este agravio responde a la grave violencia que viven las mujeres”.

Manifestó que por ello el equipo de trabajo que investigó esta denuncia hecha por las organizaciones, mandata al estado de Veracruz despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, además de aumentar las causales de interrupción legal del aborto y en el caso de la causal por violación permitir que las mujeres no tengan plazo específico para hacer la interrupción del embarazo.

Asimismo dijo que las causales para hacer la interrupción que sean excluyentes de responsabilidad y que se dejen de considerar a las mujeres como delincuentes.

En rueda de prensa abundó que un agravio comparado es una modalidad de declaratoria de Alerta de Género,  contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia.

“Según la ley existen dos supuestos en las que se puede solicitar una declaratoria de alerta de género, la primera es por violencia feminicida, esta es la primera modalidad que se solicitó, la segunda es la modalidad por agravio comparado”.

Agregó que en Veracruz además de existir un contexto grave de violencia, este se expresa en una legislación y política pública que agrava la situación, en particular hay un marco normativo que regula la tipificación penal del aborto y el acceso a la interrupción legal del embarazo de una forma que restringe los derechos de las mujeres.

Añadió que existe una política pública que impide el acceso a los servicios especializados de salud, para las mujeres que lo requieren, en especial la interrupción del embarazo en casos por ejemplo de violación, pues a pesar de ser reconocida en el país se detectó que no hay garantía en el acceso a estos servicios.

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