El 75 por ciento de los trasplantes de riñón que se llevan a cabo en México proviene de donadores vivos, por eso las instituciones competentes apuntan a reforzar la donación de órganos, de personas fallecidas, que todavía es baja, aseguró José Salvador Aburto Morales.

En entrevista con Notimex, el director general del Centro Nacional de Transplantes de México (Cenatra) precisó que el objetivo prioritario es revertir ese porcentaje y alcanzar, pronto, al menos la paridad entre donantes vivos y muertos.

“En México existe un requerimiento importante de órganos con fines de trasplante, tenemos más de 20 mil pacientes en un registro en espera de un órgano, en su mayoría (unos 12 mil) requieren un trasplante de riñón de donante fallecido”, precisó.

Explicó que no forman parte de ese registro las personas que reciben un órgano de un donante vivo y agregó que otros siete mil 700 pacientes están en espera de un trasplante de córnea.

Hace tres años, México tenía una tasa de donación de órganos de 3.2 por millón de habitantes, ahora ese indicador se ubica en 4.03 por millón. Una cifra aún insuficiente, reconoció Aburto Morales.

Los hospitales públicos son líderes en trasplantes de órganos, mientras los privados llevan la delantera en las operaciones de córnea.

El director del Cenatra aceptó que en ese 75 por ciento de donadores vivos podría esconderse alguna acción ilícita, como la venta de órganos, pero aclaró que hasta el momento no se ha descubierto ningún caso de tráfico en el país.

Recordó que cada operación debe ser informada al Centro con toda la información de los involucrados, donante y receptor. Eso ha permitido actualizar todos los registros, evitando así las prácticas ilegales.

“La ley general de salud exige a los establecimientos sanitarios que cumplan con ciertos requisitos, uno de ellos es pedir a estas personas (donadores y pacientes) que firmen un documento para certificar que la donación está libre de comercio o de venta”, explicó.

“El que dona debe hacerlo por voluntad, de forma altruista y no debería haber una negociación de por medio. Debe pasar por una evaluación del comité de trasplantes, de los especialistas y del departamento psicológico de cada hospital; sin embargo esto no nos garantiza que no pudiera darse algún caso (ilegal)”, añadió.

Según Aburto Morales, hace falta la supervisión más estricta y el establecimiento de otros candados legales para prevenir el tráfico de órganos o el “turismo de trasplante”, que se da cuando un extranjero viaja al país para ser operado aunque no cumpla los requisitos.

Para reforzar la prevención, el Cenatra firmó –a finales de 2016- convenios con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo que controla los trasplantes, y con la Procuraduría General de la República (PGR).

Estos acuerdos tienen dos objetivos: mejorar la coordinación para facilitar los trasplantes y evitar los delitos vinculados a ellos.

Aunque el funcionario destacó que en México “tráfico de órganos no hay”, aceptó la posibilidad de que en alguna institución se haya dado el “turismo de trasplante” gracias a la complacencia de algún médico o funcionario que haya permitido evadir los controles.

Constató que, ante esos casos, “se habla mucho”, pero “no se presentan denuncias”, ni de los ciudadanos, ni de los profesionales de la salud. Al mismo tiempo estimó que la ley en la materia no debe cambiarse porque contempla prácticamente todos los ilícitos.

“Este tema tan sensible debe estar muy supervisado y debidamente controlado, en el momento en que se detecte alguna cuestión la PGR debe actuar, porque si uno busca en los registros hacia atrás podría llegar a encontrarse con alguna irregularidad”, apuntó.

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