La oferta y la publicidad de alimentos es más abundante en zonas con mayor marginación, factor que incide directamente en el sobrepeso de la población, aseguró el profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), José Alberto Rivera Márquez.

Subrayó que las personas obesas no lo son así por autodeterminación, sino por procesos sociales alimentarios, pobreza, desigualad, carencia de espacios para hacer actividad física, inseguridad alimentaria, accesos inadecuados a servicios de salud y educación.

“En la medida en que continuemos pensando que las acciones en materia de política pública y social tienen que ir dirigidas exclusivamente a los sujetos y que sólo es a partir de una decisión de buena voluntad modificar hábitos, conductas y estilos de vida para solucionar el problema, estamos condenados al fracaso”.

El especialista realizó un estudio de la oferta obesogénica, es decir, de la amplia disponibilidad de alimentos y bebidas que en su mayoría son manufacturados en zonas de la Ciudad de México con presencia de escuelas primarias con desarrollo social alto, medio, bajo y muy bajo.

El ejercicio demostró que la oferta y la publicidad de comestibles y bebidas es más abundante en las zonas con un alto índice de marginación, según lo que explica en el comunicado.

De este modo señaló que la suma de las influencias en el entorno, las oportunidades o las condiciones de vida inciden en la promoción del sobrepeso de la población.

“Si bien es correcto hacer énfasis en la prevención de la obesidad y el sobrepeso, así como en la promoción de la salud, ésta debe ir más allá del auto cuidado, de pensar que los sujetos no somos los únicos responsables de nuestra enfermedad”, apuntó.

El coordinador de la Maestría de Medicina Social de la UAM Xochimilco consideró un error satanizar o estigmatizar los alimentos y las prácticas alimentarias, pues “las obligaciones del Estado son ofrecer opciones diversas, regular la publicidad y hacer que la industria de comestibles y bebidas observe y cumpla la Ley”.

Recalcó que la academia, el Estado y otros actores necesitan abordar el análisis del problema alimentario desde un enfoque de derechos humanos, de lo contrario “se mantendrá una política que, sin éxito, culpabiliza a sujetos y responsabiliza a consumidores”.

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